A pesar del panorama, la industria de hidrocarburos muestra resiliencia y continúa apostando por el país.
La anunciada crisis de la soberanía energética y la escasez en el suministro de gas natural, se han convertido en una realidad. Pese a que no podemos hablar de un único responsable, la situación que enfrenta Colombia es crítica, y las advertencias del riesgo de escasez inminente de este recurso y los requerimientos urgentes de incrementar exploraciones, así como de desarrollar infraestructura, son reclamaciones constantes por parte de varios actores del sector.
En efecto, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (Andeg) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) han advertido reiteradamente sobre el agotamiento progresivo de las reservas nacionales y el aumento de la demanda, agravando un panorama en el que el suministro ya no puede garantizarse de manera estable. La política de transición energética del actual gobierno, centrada en no firmar nuevos contratos de exploración, ha tenido un impacto directo en la caída de la inversión en el país, la disminución de reservas y una parálisis preocupante en la exploración afectando sectores claves como el de generación de electricidad, industria, comercio y millones de hogares en el país.
Dentro de las principales causas de esta crisis podemos mencionar:
- La decisión del Gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración: disminución de reservas y falta de exploración.
- Falta de regulación clara y oportuna.
- Desarticulación del Gobierno con el sector privado, el sistema judicial y los entes reguladores.
- Ausencia de una política energética de transición robusta que garantice el paso progresivo de fósiles a renovables sin afectar la seguridad del suministro.
El enfoque ideológico de la transición por parte del Gobierno ha enviado señales negativas al mercado. En consecuencia, hay una reducción de inversiones extranjeras y nacionales en el sector, lo cual profundiza la caída de la exploración y la disminución en la reposición de reservas. Aunque en 2023 se registró una ligera recuperación en la producción, con un promedio de 1.020 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), el país no ha logrado alcanzar los niveles de 2019, cuando la producción era de 1.050 MMpcd. Según la Bolsa Mercantil de Colombia, se estima que la producción caerá un 11,6% en 2025 y un 9,3% en 2026, acumulando una reducción del 19,8% entre 2024 y 2026.
El efecto inmediato de esta crisis es el alza de precios. El gas natural ha experimentado un incremento cercano al 36%, lo que afecta directamente tanto a hogares como a la industria nacional. Si el objetivo era una transición energética justa, se ha fallado al implementar políticas de transición robustas con soporte técnico sólido, que previeran estas consecuencias sociales y económicas.
A pesar del panorama, la industria de hidrocarburos muestra resiliencia y continúa apostando por el país, implementando tecnologías operacionales que permiten mayor eficiencia energética y reducción de emisiones, todo ello en función de nuevos descubrimientos de gas, que si bien son importantes y constituyen una esperanza a mediano y largo plazo, no tienen un impacto inmediato.
Revertir esta crisis exige un direccionamiento hacia la soberanía y estabilidad energética, resultando decisivo que Colombia implemente políticas que fomenten la exploración y producción de gas, la diversificación de la matriz energética bajo políticas robustas que fortalezcan la infraestructura energética y que protejan la soberanía para garantizar un suministro sostenible y autónomo a futuro.
Claudia Mora Uscátegui es Abogada de la Universidad de La Sabana con un diploma en Legal Studies de la Universidad de Londres (Birkbeck College) y una especialización en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene 16 años de experiencia en el sector energético liderando el área jurídica en importantes empresas, dedicadas a la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales en Colombia y con operaciones internacionales. Cuenta con experiencia en el desarrollo de programas de reducción de emisiones Clean Development Mechanism (CDM) para la generación de Bonos de Carbono y su respectiva comercialización internacional; y en el asesoramiento legal a proyectos relacionados con Energías Renovables.