La Corte Internacional de Justicia (CIJ) denegó la solicitud de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de su frontera marítima con Colombia.
Natalia Venegas Arango
Justice
de la Universidad del Rosario
ONG Project Expedite Justice
Durante décadas, ha habido un conflicto entre Colombia y Nicaragua por una zona marítima que es rica en recursos pesqueros y minerales. Esta área incluye un archipiélago ubicado a unos 800 kilómetros de la costa noroeste de Colombia y a 240 kilómetros de la costa de Nicaragua. La disputa no solo abarca la soberanía de las islas y cayos, sino también un área de 50,000 kilómetros cuadrados de aguas pesqueras.
En 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo que otorgaba a Colombia la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero Nicaragua obtuvo alrededor de 75,000 kilómetros cuadrados de mar, que incluían yacimientos submarinos de petróleo y gas, así como derechos de pesca. Posteriormente, en noviembre de 2013, Nicaragua presentó una querella acusando a Colombia de violar sus derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, lo que infringía la sentencia de 2012 que había establecido los nuevos límites marítimos entre ambos países.
Nicaragua alegó que la Armada colombiana estaba llevando a cabo operaciones en una zona exclusiva nicaragüense, recién demarcada por La Haya, argumentando que estas acciones se realizaban para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y para proteger a los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia, así como la reserva de la biosfera.
Colombia respondió con dos contrademandas, alegando que Nicaragua violaba los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia al explotar sus bancos de pesca, y que se estaba adjudicando unilateralmente zonas marítimas que afectaban a Colombia negativamente. Finalmente, en abril de 2022, la CIJ emitió un fallo en el que determinó que Colombia había violado «los derechos soberanos y la jurisdicción» de Nicaragua en su zona económica exclusiva.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) denegó la solicitud de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de su frontera marítima con Colombia.
Nicaragua había solicitado a la CIJ que le concediera una plataforma continental que se extendiera más allá de las 200 millas náuticas (370 km) desde su costa caribeña. Sin embargo, Colombia argumentó que la plataforma del archipiélago de San Andrés se conectaba de manera indiscutible con la plataforma continental de la costa caribeña colombiana.
La jueza Joan E. Donoghue anunció la decisión tomada por el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, cuyas sentencias tienen fuerza legal y son definitivas. «Con trece votos en contra y cuatro a favor, [la Corte] rechaza la solicitud presentada por la República de Nicaragua para que se declare que las islas de San Andrés y Providencia tienen derecho a una plataforma continental que se extienda hasta una línea formada por arcos de 200 millas náuticas desde las líneas de base utilizadas para medir la anchura del mar territorial de Nicaragua».
Natalia Venegas Arango es Abogada e internacionalista bilingüe de la Universidad del Rosario, con énfasis en seguridad, paz y conflicto. Con experiencia en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Amplio interés en derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional.
