El trabajo conjunto entre sector privado y público son urgentes.
Mónica Torres Sierra
para el equipo de Energía & Cambio Climático
El anuncio de suspensión de la construcción del proyecto eólico Windpeshi en La Guajira profundiza el debate sobre la colisión entre derechos fundamentales que el Estado Social de Derecho, que predica ser Colombia, debe garantizar a todos sus ciudadanos sin importar su raza, religión, sexo, idioma, educación, opinión política, condición económica, o cualquier otra. La gravedad del abandono de las comunidades protegidas es tan relevante como las consecuencias que sobre toda la ciudadanía acarrearía un apagón. Sin embargo, la ponderación y el equilibrio entre las necesidades de titulares de derechos enfrentados no es clara.
Las dificultades de los proyectos de generación de energía con fuentes renovables, relacionadas con la obtención de licencias ambientales, el desarrollo de la infraestructura de transmisión, pero, sobre todo, con los asuntos de consulta previa, ponen en duda el éxito de las políticas de la transición energética.
Si bien la consulta previa tiende a proteger la integridad cultural, social y económica de las comunidades, para evitar la afectación en su integridad étnica, la omisión de larga data del Estado en cubrir las necesidades básicas y garantizar los derechos fundamentales de estas comunidades ha llevado a perturbar el desarrollo de proyectos de infraestructura esencial para la prestación de servicios a favor de toda la ciudadanía a lo largo del territorio nacional. Esta realidad genera muchas preguntas:
¿Cómo ponderamos de manera racional y proporcional los derechos de todos los ciudadanos a tener una vida digna y a mejorar su calidad de vida, cuando históricamente la satisfacción de las necesidades y derechos básicos de varias regiones y comunidades ha sido aplazada por el mismo Estado?
¿Cuál es el límite racional de satisfacción de un derecho, quién lo establece y a cargo de quién está? ¿Hasta dónde llega el empresario y en dónde empieza el Estado?
¿Cuál es el límite al derecho a la protesta que se manifiesta con bloqueos y, en ocasiones, con vías de hecho?
Llevamos años discutiendo una modificación a los procesos y normas aplicables a la consulta previa; no pasa nada. Para viabilizar la construcción de la infraestructura para generar, transportar y distribuir energía eléctrica, la seguridad jurídica, la estabilidad política, y la seguridad física son fundamentales. Si no, el empresariado no destinará los recursos necesarios para cumplir las metas de descarbonización, lograr la diversificación de la matriz eléctrica, y evitar que Colombia se apague durante el próximo fenómeno del niño, cuya probabilidad de ocurrencia alcanza el 90%.
No podemos seguir buscando culpables, ni acusando a las comunidades o al empresariado del fracaso del Estado colombiano en garantizar el ejercicio y cubrimiento de derechos básicos de las comunidades protegidas.
El discurso de la transición energética trae muchos votos, pero requiere de acciones concretas. La seguridad energética no es bandera de un gobierno o de un partido político. La prestación de servicios de calidad y confiables es un derecho de todos los ciudadanos cuya garantía depende de acciones serias de parte del Estado representado por el gobierno de turno quien, a su vez, debe apoyarse del sector privado.
En efecto, se evidencia una ruptura en la comunicación entre el sector privado y el público, pero no necesariamente entre ellos sino con las comunidades. El fracaso de las consultas previas es solo una consecuencia esperable en el contexto en que se venían afrontando dichos procesos. Ahora bien, los temas en materia de infraestructura, hay que decirlo, eran evidentes; los términos en que puedes desarrollar proyectos de generación térmica y en FNCER son una tercera parte que los de proyectos de transmisión. El rezago era previsible. Finalmente, ha existido y persisten entidades con un alto grado de descoordinación respecto de otros sectores en lo que influyen. Pero al final la transición energética no depende de uno u otro proyecto, y el fracaso de unos hace resaltar el modelo de otros que sí han logrado sus concertaciones. Procede entonces evaluar los procesos y los yerros para poder retomar en la línea de los casos de éxito.