La necesidad de entrar a regular la IA de tal forma que Colombia cuente con una regulación integral.
Mariana Huard Ortiz 
En los últimos años el desarrollo acelerado de las herramientas de inteligencia artificial (“IA”) ha llevado a la promulgación de nuevas normas e instrumentos legales en distintos ordenamientos jurídicos con el propósito de regular la materia. En vista de lo anterior, no es una novedad que recientemente distintas autoridades hayan empezado a pronunciarse sobre el uso de inteligencia artificial en Colombia. Dentro de los instrumentos más importantes que se han emitido en los últimos meses, se destacan los siguientes:
- Sentencia T-323 de 2024: Por medio de esta sentencia de tutela la Corte Constitucional definió los parámetros para el uso de herramientas de IA generativa en la administración de justicia.
- Concepto 2-2024-62784 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (“DNDA”): A través de este concepto la DNDA aclaró que, bajo la legislación colombiana en materia de derechos de autor, únicamente las personas naturales pueden ser reconocidas como autores y titulares originarios de una obra. En ese sentido, las expresiones generadas por IA no son objeto de protección del derecho de autor.
- Circular Externa No. 002 de la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”): Por medio de esta Circular la SIC, en su rol de autoridad de protección de datos personales, definió lineamientos para el tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial.
A pesar de que la mayoría de estos pronunciamientos no sean vinculantes (al tratarse de instrumentos de soft law) permiten entrever el panorama general de la adopción de la IA en el ordenamiento jurídico colombiano. Aunado a lo anterior, actualmente existen en el Congreso 11 proyectos de ley que buscan regular la materia, cada uno con iniciativas o enfoques diferentes, lo cual pone de presente la necesidad de entrar a regular la IA de tal forma que Colombia cuente con una regulación integral en la materia.
Sin embargo, crear esta regulación puede implicar retos relevantes. Un primer reto es definir qué se entiende por IA, ya que a partir de esto se determinará el alcance de aplicación de la regulación. En este sentido, debería procurarse que esta definición sea lo suficientemente precisa para que cualquier desarrollo tecnológico no se entienda incluida dentro de esta, pero también debe ser lo suficientemente flexible para poder adaptarse a los nuevos desarrollos tecnológicos considerando que la tecnología un tema inherentemente dinámico y que está en actualización constante.
Otro reto es encontrar un balance de tal forma que la regulación logre impulsar el desarrollo y la innovación en Colombia, pero garantice a su vez la protección de los derechos humanos de las personas que hacen uso de sistemas de IA. Es innegable que Colombia podría beneficiarse de la IA para solucionar algunos de los problemas del país, como contribuir con el crecimiento económico, y que su uso podría tener un impacto positivo en el bienestar de las personas, pero estos beneficios siempre deben tener como límite la garantía de los derechos fundamentales de las personas, considerando que este es el fin último de los Estados.
