Con el Decreto 0042 de 2026, la conciliación se fortalece como una herramienta cercana, territorial e incluyente.
Lorena Sanint Escobar 
El Decreto 0042 del 21 de enero de 2026 introdujo una actualización relevante al régimen de los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC), al modificar parcialmente el Decreto 1069 de 2015, que durante años reguló la conciliación, el arbitraje y el funcionamiento de los centros especializados. A diferencia del marco anterior —centrado principalmente en requisitos operativos y tarifarios—, la nueva norma apuesta por una visión más articulada, territorial y orientada al acceso efectivo a la justicia.
Una de las principales novedades es la formalización del Sistema Nacional de Conciliación, inexistente como estructura integrada en el Decreto 1069. Mientras el régimen anterior regulaba de manera dispersa casas de justicia, centros de conciliación, formación y control, el Decreto 0042 los articula bajo un sistema común, con principios claros como la cobertura universal, el enfoque diferencial y la coordinación entre la Nación y las entidades territoriales. Este cambio busca que la conciliación deje de operar como un conjunto de iniciativas aisladas y se consolide como una verdadera política pública de acceso a la justicia.
El nuevo Decreto también amplía y ordena las definiciones existentes. Frente a un régimen que distinguía básicamente entre centros de conciliación y arbitraje, ahora se reconocen expresamente los centros gratuitos y remunerados, los programas de conciliación en equidad, los puntos de atención comunitaria (PACE.- Punto de Atención de la Conciliación en Equidad) y las entidades avaladas para formación, lo que permite entender mejor el rol de cada actor dentro del sistema y evita vacíos interpretativos que antes eran frecuentes.
En materia territorial, el cambio es significativo. Aunque el Decreto 1069 ya contemplaba la función social de la conciliación y la gratuidad en ciertos casos, el Decreto 0042 introduce condiciones especiales para la creación y funcionamiento de centros en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Diferencial), flexibilizando requisitos y priorizando la presencia institucional en zonas históricamente excluidas. Esto representa un giro importante hacia una conciliación más cercana al ciudadano y menos concentrada en grandes centros urbanos.
También se fortalece el rol del Ministerio de Justicia y del Derecho. Si bien el régimen anterior ya preveía funciones de inspección, vigilancia y control, el nuevo Decreto refuerza estas competencias mediante mayores obligaciones de reporte, seguimiento y actualización de información, así como la exigencia de reglamentos internos más completos, que incluyan protocolos de atención inclusiva, reglas claras para la virtualidad y mecanismos de transparencia.
En conclusión, el Decreto 0042 de 2026 no reemplaza el sistema existente, pero sí lo moderniza y reorganiza, pasando de un enfoque principalmente procedimental a uno más estratégico e incluyente. Con ello, la conciliación y los MASC se consolidan no solo como alternativas al proceso judicial, sino como herramientas centrales para garantizar el acceso efectivo a la justicia en Colombia.
Lorena Sanint Escobar es Asociada en la práctica de Resolución de Conflictos, Litigios y Arbitraje de Dentons Cárdenas & Cárdenas. Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en derecho procesal civil de la Universidad Externado de Colombia.
