Los menores de edad pueden ser accionistas dentro de una sociedad, representados por quien tenga la patria potestad.
Es común que, como mecanismo de planeación sucesoral y gestión patrimonial, los padres incluyan a sus hijos menores de edad como accionistas de sociedades patrimoniales. Aunque esta práctica puede resultar útil para organizar y facilitar la transmisión del patrimonio familiar, también implica una serie de consideraciones jurídicas que resulta importante tener en cuenta.
En primer lugar, es necesario recordar que, de conformidad con la legislación colombiana, los padres ejercen la patria potestad de sus hijos menores de edad, lo que comprende su representación legal y la administración de sus bienes. En desarrollo de esta última facultad, tienen el deber de administrar adecuadamente el patrimonio de sus hijos, respondiendo por los perjuicios que puedan ocasionar hasta por culpa leve o dolo.
En ese sentido, cuando un menor de edad participa como accionista de una sociedad, deberá actuar a través de sus representantes legales, quienes ejercerán los derechos que se derivan de dicha participación. Esto significa que serán sus padres quienes, en principio, intervengan en las decisiones de la asamblea de accionistas, ejerzan el derecho al voto y participen en las determinaciones relacionadas con la sociedad. Por lo tanto, si el menor cuenta con una participación accionaria mayoritaria, sus representantes podrían tener una influencia determinante en las decisiones sobre el rumbo de la compañía.
Ahora bien, para evitar que esta situación afecte la administración y el control de la sociedad familiar, existen alternativas que pueden implementarse desde la estructuración de los estatutos sociales. Particularmente, en las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.) en Colombia, es posible establecer diferentes clases de acciones y regular los derechos que corresponden a cada una, siempre que se respeten las disposiciones legales aplicables.
Por ejemplo, pueden emitirse acciones sin derecho a voto, pero con derecho a recibir dividendos, de manera que los menores participen económicamente en el patrimonio familiar sin intervenir directamente en las decisiones sociales.
Lo anterior lleva a concluir que, aunque los menores de edad pueden ser accionistas de una sociedad, no pueden ejercer directamente los derechos que requieren capacidad legal para actuar por sí mismos. En consecuencia, no podrán asumir directamente funciones de administración ni participar como miembros de una junta directiva en ejercicio de dichas funciones mientras sean menores de edad.
Por otra parte, debe tenerse presente que existen restricciones legales para menores de edad en sociedades respecto de su participación en determinados tipos societarios. En particular, no pueden ser socios gestores de sociedades en comandita ni socios de sociedades colectivas, atendiendo a las responsabilidades que estos roles implican.
Finalmente, la inclusión de menores de edad como accionistas de sociedades patrimoniales puede ser una herramienta útil de planeación sucesoral y protección del patrimonio familiar. Sin embargo, no debe entenderse como una decisión exclusivamente patrimonial, pues también tiene efectos sobre el gobierno corporativo y la administración de la sociedad, por lo que es importante que, desde la constitución de la sociedad o al momento de incorporar a los menores como accionistas, se estructuren adecuadamente los estatutos y reglas de participación, de manera tal que se protejan los intereses económicos de los menores, sin perder de vista quién toma las decisiones societarias.
María Victoria Hernández Castillo es Abogada Especialista en Derecho de los Negocios, con experiencia en Derecho comercial, corporativo y societario. Actualmente es líder del área de Derecho de la empresa de Del Hierro Abogados.
