Reconocer que la expresión “nulo, ineficaz o inaplicable” en la Convención de Singapur no es un clon procesal de la Convención de Nueva York, sino una norma sujeta al derecho sustantivo del contrato, es indispensable para consolidar la aplicación uniforme del tratado en Colombia.
La entrada en vigor de la Convención de Singapur sobre la Mediación transformó la resolución de controversias transfronterizas al ofrecer un mecanismo uniforme para la ejecución de acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación (iMSAs). Su éxito ante operadores jurídicos colombianos depende de superar una trampa hermenéutica: la existencia de los “falsos amigos” (faux amis) y la necesidad de aplicar una interpretación auténticamente autónoma.
La trampa de los “falsos amigos” en el derecho uniforme
En el derecho internacional, la interpretación autónoma de tratados exige desvincular sus términos de las categorías del derecho nacional para no distorsionar su objetivo de unificación (animus unificandi). El riesgo surge con los falsos amigos (faux amis): términos que, por su similitud con otras normas internacionales, es tentador interpretar mediante soluciones implantadas de otros tratados.
La expresión “nulo, ineficaz o inaplicable” que se encuentra tanto en la Convención de Singapur como en la Convención de Nueva York es un ejemplo de ello.
El estándar en la Convención de Nueva York (Art. II (3))
Bajo la Convención de Nueva York, la expresión “nulo, ineficaz o inaplicable” obliga a las autoridades judiciales a remitir a las partes a arbitraje, salvo defecto manifiesto del convenio arbitral. La jurisprudencia y la doctrina internacional han interpretado este término como un estándar autónomo y pro-arbitraje, desvinculado de las legislaciones nacionales.
El cambio de paradigma en la Convención de Singapur
Aunque se tomó la misma expresión de la Convención de Nueva York, su funcionamiento es distinto: el Artículo 5(1)(b)(i) de la Convención de Singapur establece que la ejecución puede denegarse si el acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable “bajo la ley a la que las partes lo han sometido válidamente o, a falta de indicación, bajo la ley considerada aplicable por la autoridad competente”.
La transacción resultante de una mediación es un contrato privado sustantivo, no un convenio procesal ni un laudo. Por tanto, su validez depende de las reglas contractuales del derecho aplicable no es un término autónomo desvinculado de un derecho nacional.
Implicaciones prácticas para los jueces y litigantes en Colombia
Lo anterior implica que en materia de mediación no debe acudirse al estándar restrictivo y pro-arbitraje de Nueva York. Asimilar ambos tratados ignora la regla de conflicto de Singapur. De igual forma, debe constatarse la ley sustancial seleccionada y juzgar la invalidez bajo sus principios contractuales.
A falta de elección explícita de ley, debe realizarse un análisis de derecho internacional privado para determinar la ley aplicable, en lugar de someter el acuerdo directamente al régimen del Código de Comercio o del Código Civil.
Reconocer que la expresión “nulo, ineficaz o inaplicable” en la Convención de Singapur no es un clon procesal de la Convención de Nueva York, sino una norma sujeta al derecho sustantivo del contrato, es indispensable para consolidar la aplicación uniforme del tratado en Colombia.
Carlos Miranda es Asociado Sénior en Dentons Cárdenas & Cárdenas, abogado especializado en resolución de controversias, con 13 años de experiencia en litigios de alta complejidad, arbitraje comercial y de inversión, insolvencia y reorganización empresarial. Ha representado clientes en arbitrajes nacionales e internacionales bajo los reglamentos de la CCI, la ICDR y la Cámara de Comercio de Bogotá. Fue Consejero Legal Adjunto de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, donde asistió a tribunales arbitrales internacionales.
Cuenta con un LL.M. de la Universidad de Nueva York (NYU) y una maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Colombia, donde también ha sido profesor de Arbitraje y Contratos. Su experiencia comprende sectores como infraestructura, minería, telecomunicaciones, salud y servicios financieros. Está habilitado para ejercer la abogacía en Colombia y aprobó el examen de acceso a la abogacía de Nueva York en 2025.






