“(…)La ingeniería colombiana ha demostrado capacidad para ejecutar obras de complejidad creciente y el instrumento que las gobierna debe alcanzar un grado de sofisticación equivalente, esto es, un contrato con capacidad de aprender del proyecto que administra”.
Clay Said Sotelo Aragón 
En los contratos de asociación público privada («APP») la matriz de riesgos se fija antes de abrir el proceso de selección, pues el numeral 5 del artículo 11 de la Ley 1508 de 2012 exige que la Entidad cuente previamente con la adecuada tipificación, estimación y asignación de los riesgos y con la respectiva matriz asociada al proyecto. Una vez cerrada, lo que sobrevenga durante veinte o treinta años de ejecución se discute dentro del perímetro que ella trazó, porque el restablecimiento de la ecuación contractual del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, aplicable a estos contratos por la remisión de los artículos 3 y 9 de la Ley 1508, procede frente a lo imprevisible y no frente al riesgo que el contratista asumió, de manera que el debate se desplaza hacia la calificación misma del riesgo ante el amigable componedor o el tribunal de arbitramento, con el costo conocido de prórrogas, adiciones y controversias.
Al respecto, la teoría de los incomplete contracts, desarrollada por Grossman, Hart y Moore y trasladada al terreno de las concesiones latinoamericanas por Guasch desde el Banco Mundial, explica que ninguna de las partes está en capacidad de describir de antemano todos los escenarios de un proyecto que se extiende por dos o tres décadas, de modo que el acuerdo termina distribuyendo riesgos que todavía no puede nombrar; el CONPES 4117 de 2023, que unificó los lineamientos de los documentos 3107 y 3133 de 2001 junto con los sectoriales que los desarrollaron, reconoce esa dificultad al denominar una de las fases del ciclo mitigación temprana y gestión durante la vida del contrato, sin que el instrumento contractual haya evolucionado en igual medida.
Como consecuencia, se considera viable estructurar una tipología que podría denominarse contrato de asignación revisable, en la cual la inteligencia artificial («IA») opera como elemento estructural de la distribución del riesgo y no como objeto contratado ni como simple herramienta de ejecución, articulada alrededor de tres estipulaciones que conviene precisar desde el pliego y los anexos técnicos.
Una de esas estipulaciones es la alerta temprana automatizada, cuya referencia comparada es la cláusula 15 del NEC4 ECC británico, que impone a las partes notificar todo hecho capaz de afectar precio, plazo o calidad, inscribirlo en el Early Warning Register y revisarlo en reuniones que se celebran con el early warning interval fijado en el Contract Data; la diferencia consiste en que el deber se apoya en un modelo que lee datos de obra, condiciones climáticas, precios de insumos y avance real y produce la notificación por sí mismo, de manera que lo sancionable pasa a ser la omisión de reportar y de deliberar y no el hecho sobreviniente que ninguna de las partes podía evitar.
A ello se suma la ventana de revisión, en la que la matriz se abre en fechas pactadas y solamente respecto de las categorías que el modelo señaló como desviadas frente a la banda acordada al cierre financiero, lo que le otorga un perímetro definido y un procedimiento reglado que la distinguen de la renegociación abierta y de la adición encubierta, en aras de respetar el límite del veinte por ciento que el artículo 13 de la Ley 1508 de 2012 impone a las adiciones de recursos y a las prórrogas en tiempo sumadas en proyectos de iniciativa pública.
Ahora bien, la estipulación que soporta a las anteriores es la gobernanza del modelo, que debe precisar quién lo entrena y con qué datos, qué grado de explicabilidad se exige, quién lo audita y cómo se resuelve la discrepancia entre las lecturas de las partes, pues un modelo sin esas reglas deviene fuente de asimetría a favor de quien lo controla; el CONPES 4144 de 2025, que adoptó la Política Nacional de Inteligencia Artificial, y el Reglamento (UE) 2024/1689, modificado por el Reglamento (UE) 2026/1744 conocido como Ómnibus digital sobre IA, ofrecen en sus artículos 12, 13 y 14 criterios de conservación de registros, transparencia y supervisión humana que la cláusula puede incorporar por remisión, sin que ninguno de los dos rija por sí mismo el contrato colombiano.
De lo descrito se desprende el límite que hace viable la figura en el régimen de contratación pública, consistente en que el modelo documenta y obliga a decidir sin decidir por las partes, de modo que la decisión de ajustar la asignación permanece en cabeza de la Entidad y responde al principio conforme al cual la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual corresponde al jefe o representante de la entidad estatal, quien no puede trasladarla, según el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993; un sistema con capacidad de modificar por sí mismo la retribución condicionada a la disponibilidad, los niveles de servicio y los estándares de calidad del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, en la redacción del artículo 37 de la Ley 1753 de 2015, desplazaría esa responsabilidad hacia un procedimiento que nadie firma.
En conclusión, la adopción de esta tipología no requiere una ley nueva y tampoco depende de los proyectos de ley sobre inteligencia artificial que cursan en el Congreso, toda vez que los pliegos de condiciones, la minuta contractual y los anexos técnicos que estructura la Agencia Nacional de Infraestructura pueden incorporar la obligación de alerta, el calendario de ventanas y las reglas de gobernanza del modelo, preferiblemente a partir de un piloto de quinta generación con medición de resultados.
La ingeniería colombiana ha demostrado capacidad para ejecutar obras de complejidad creciente y el instrumento que las gobierna debe alcanzar un grado de sofisticación equivalente, esto es, un contrato con capacidad de aprender del proyecto que administra.
Clay Said Sotelo Aragón es Abogado Especialista en Derecho Administrativo con experiencia en el sector infraestructura, gestión jurídica contractual y resolución de disputas en proyectos de gran envergadura. Legal Advisor en China Harbour Engineering Company. Docente en contratación Estatal.
