La protección de la Amazonía debe seguir siendo una prioridad nacional.
En septiembre de 2025, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) publicó para consulta pública un proyecto de Resolución mediante el cual se declara el bioma amazónico como una Reserva de Recursos Naturales Renovables lo que implicaría la prohibición de nuevas actividades extractivas en este territorio hacia el futuro. Si bien el período de consulta pública finalizó en octubre de 2025, recientemente se dio inicio al proceso de consulta previa requerido para su eventual adopción.
Esta iniciativa plantea la discusión sobre si restringir las actividades extractivas legales realmente fortalece la protección ambiental o si, por el contrario, podría favorecer la expansión de actividades ilegales que tienen mayor impacto sobre los ecosistemas y que escapan al control estatal.
Aunque la protección de la Amazonía colombiana es una prioridad indiscutible debido a su amplia biodiversidad y su papel fundamental en el equilibrio ambiental (Flórez, 2024), resulta cuestionable que la prohibición de nuevas actividades extractivas sea la herramienta más adecuada para lograr ese propósito.
En una región donde la presencia estatal sigue siendo limitada, excluir actividades legales sujetas a monitoreo, seguimiento y control puede generar efectos contrarios a los perseguidos. Lejos de garantizar una mayor protección ambiental, la medida podría abrir espacios para el fortalecimiento de economías ilegales que operan sin supervisión alguna y que históricamente han estado asociadas a los mayores niveles de deforestación, contaminación por mercurio y degradación de los ecosistemas amazónicos (Zuluaga, 2025).
Por ello, si la prohibición no está acompañada de una presencia institucional efectiva, mayores capacidades de control territorial y acciones contundentes contra las economías ilícitas, podría generarse un escenario en el que disminuya la actividad formal mientras permanecen las dinámicas ilegales, aumentando los incentivos económicos para grupos armados y haciendo aún más complejo el ejercicio de la autoridad estatal en la Amazonía.
Los riesgos de esta medida resultan especialmente relevantes en un contexto en el que distintos informes han alertado sobre la expansión de la minería ilegal en la Amazonía, la presencia de dragas en zonas protegidas y el crecimiento de economías ilícitas vinculadas a la deforestación (Sierra, 2026).
En contraste, las actividades extractivas desarrolladas dentro de la legalidad están sujetas a exigentes instrumentos de licenciamiento que buscan prevenir, mitigar y compensar sus impactos, además de garantizar la recuperación de las áreas intervenidas. Adicionalmente, constituyen una fuente significativa de ingresos para el Estado a través de impuestos, regalías y demás obligaciones económicas que contribuyen al desarrollo económico y social del país (Cámara Colombiana de la Energía, s.f).
La protección de la Amazonía debe seguir siendo una prioridad nacional. Sin embargo, alcanzar ese objetivo no resulta de ampliar las prohibiciones, sino de fortalecer la presencia institucional en el territorio, mejorar las capacidades de control del Estado y combatir de manera efectiva las actividades ilegales que hoy representan una de las principales amenazas para esta región. El desafío está en construir instrumentos que permitan proteger una de las regiones más valiosas del país sin sacrificar la efectividad de la regulación ni abrir nuevos espacios para la ilegalidad.
Referencias:
Cámara Colombiana de la Energía (s.f). Preocupación por prohibición de actividades extractivas en municipios.
Flórez, P. (2024). El Amazonas Colombiano: Biodiversidad, Impacto Ambiental y Turismo Sostenible. ANeIAUniandes.
Sierra, Y. (2026). Sobrevuelos en la Amazonía peruana muestran dragas de minería ilegal, laboratorios de droga y deforestación masiva en nuevos territorios. Mongabay.
Zuluaga, J. (2025). Gobierno, a prohibir las actividades extractivas en la Amazonía. Ámbito Jurídico.
