En el contexto energético colombiano actual, caracterizado por la estrechez en la oferta de gas natural, la volatilidad en los precios de los combustibles líquidos y las tensiones propias del mercado eléctrico, la planificación estratégica del abastecimiento energético ha dejado de ser una decisión operativa para convertirse en un asunto de gestión de riesgos empresariales.
Tradicionalmente, las industrias intensivas en energía han dependido de esquemas relativamente rígidos: contratos de suministro de gas natural, consumo de combustibles líquidos o compras de energía eléctrica a través del mercado regulado o no regulado. Sin embargo, los eventos recientes —incluyendo restricciones en la disponibilidad de gas y la exposición a precios spot de energía— han evidenciado la vulnerabilidad de estos modelos.
Frente a este panorama, la regulación colombiana ha evolucionado de manera significativa en los últimos años, habilitando esquemas más sofisticados y resilientes de abastecimiento. En particular, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha establecido un marco robusto para la autogeneración, autogeneración remota, y la generación distribuida, definido las condiciones para que usuarios finales puedan generar su propia energía, ya sea para consumo propio exclusivo o con posibilidad de entregar excedentes al sistema.
Este marco permite múltiples configuraciones. Por un lado, esquemas de autogeneración aislada o conectada a red, con o sin exportación de excedentes, en sitio o en lugares diferentes al de la generación, con propiedad de los equipos o bajo esquemas BOOMT, que ofrecen flexibilidad técnica y económica.
Estructuras contractuales innovadoras como los acuerdos de compra de energía (PPA) “behind-the-meter”, en los cuales un tercero —típicamente un EPCista o inversionista energético— desarrolla, financia, opera y mantiene los activos de generación, mientras el usuario asegura un suministro de largo plazo con condiciones de precio predecibles.
La relevancia de estos esquemas no es menor. En términos de confiabilidad, permiten mitigar riesgos de desabastecimiento o interrupciones. En términos económicos, reducen la exposición a la volatilidad de precios de mercados spot o de combustibles fósiles. Y en términos financieros, transforman costos variables inciertos en estructuras contractuales más estables y bancables.
Adicionalmente, la regulación ha abierto la puerta a esquemas asociativos que resultan particularmente atractivos para grupos empresariales. Figuras como el productor marginal, reconocida en la regulación eléctrica, o el desarrollo incipiente de comunidades energéticas, permiten la agregación de demanda y la optimización de economías de escala, facilitando inversiones que de manera individual podrían no ser viables.
En este sentido, la planificación energética ya no puede abordarse de manera reactiva. Requiere un análisis integral que combine variables regulatorias, contractuales, técnicas y financieras, de cara a la mejor preparación de las empresas frente a sus necesidades energéticas y operativas.
