Transición Energética ¿hacia dónde vamos?

Sin enfoque la salida de capital en el sector energético colombiano es inminente.  

Sin éxito se habla del significado de “transición energética”. Lo cierto es que la transformación de las matrices energéticas y eléctricas en el mundo, y el tránsito hacia economías electrificadas con suministro confiable, seguro, eficiente y tarifas “justas”, depende de las políticas que los países emiten según cuenten con recursos financieros, tecnológicos, renovables, hidrocarburíferos, y mineros.

Hay concertaciones, pero son las tecnologías de moda y los gobiernos de turno quienes dirigen la discusión. Hace 30 años hablábamos de paneles solares y aerogeneradores, hoy de electrolizadores y de CCUS. Los países con recursos fósiles los siguen explotando. Los países con recursos renovables transforman sus matrices eléctricas para diversificarlas y garantizar confiabilidad. Los países con tecnología la desarrollan y la venden a cambio de esos recursos energéticos.

¿Y Colombia? Recordemos que: (i) La Guajira tiene vientos con velocidad medida del viento de 9 m/s a 80m de altura -el doble del promedio mundial- y otras regiones que superan los 5 m/s; (ii) hay regiones con radiación diaria constante durante todo el año de 6 Kw/m2 -60% por encima del promedio mundial-; (iii) expertos afirman que el potencial de reservas de gas natural probables y posibles costa afuera y en yacimientos no convencionales permitirían atender la demanda nacional por 100 años; y (iv) las reservas de carbón son las mayores en LATAM con más del 50%. Pese a esto:

• Desde 2014 con la promoción del uso de fuentes renovables se quiso diversificar y aumentar la capacidad instalada de generación en al menos 2.500 MW para 2024, y el interés inversionista aumentó. Sin embargo, los proyectos se han enfrentado a retos que no han permitido cumplir los objetivos: (i) permisología ambiental, social y de conexión, (ii) ampliación de la capacidad de transmisión, (iii) dificultades para lograr el cierre financiero; y (iv) afectación a la seguridad jurídica.
• La capacidad instalada de generación renovable solo representa 644 MW de los 20.000 MW de capacidad instalada; el 3.2%. Varios proyectos solares con compromisos con el mercado eléctrico desde 2019 y 2021 se les han ejecutado sus garantías por imposibilidad de entrar en operación en las fechas establecidas. Y la última subasta del cargo por confiabilidad cerró a 18.2 USD/MWh que, según expertos, no refleja todavía las bondades de la evolución tecnológica que auguraba la “primavera solar”.
• En la Guajira los proyectos eólicos no encuentran salida. Y, pese a que el hidrógeno es protagonista en la discusión, todavía hay proyectos anunciados que no llegan a una decisión final de inversión.
• El proyecto de plan de abastecimiento de gas natural promueve la importación de gas, y no la explotación de recursos nacionales.
• El decreto que promueve subastas de contratos de largo plazo fue anulado.
• Los proyectos de ley minera y de reforma al régimen de servicios públicos generan preocupaciones.
• No hay comisionados en la CREG.

Pese a lo anterior el país sigue atrayendo inversión e interés en desarrollar nuevos proyectos. Para evitar la salida de capital, nos urge que los discursos se materialicen en políticas integrales, de largo plazo, y sin ideologías políticas.

Mónica es abogada con más de 12 años de experiencia asesorando proyectos y empresas en el sector energético, en los subsectores gas y energía eléctrica en asuntos de regulación económica, servicios públicos, corporativos, societarios y contractuales. Actualmente desempeña su práctica como Counsel del área de Energía & Cambio Climático en CMS Rodríguez-Azuero.