El restablecimiento del derecho es imprescriptible y se puede pedir en cualquier momento
Santiago Calle Gómez
¿Usted defendería a una persona que sabe que es culpable?, ¿Cuántos clientes suyos están presos?, ¿Cuál ha sido el peor cliente que ha defendido? A estas y muchas otras preguntas similares nos hemos enfrentado los que ejercemos el derecho penal por parte de conocidos o extraños, posiblemente por la curiosidad que despierta la cercanía que podemos llegar a tener con el delito. De ahí que el imaginario del derecho penal en la sociedad es que este se limita exclusivamente a castigar con carcel a los infractores de ley. Sin embargo, esta rama del derecho tiene muchas herramientas para ayudar a la sociedad que van más allá del simple castigo.
Entre otras, porque uno de los objetivos que tiene el proceso penal es el de resarcir a las victimas por los daños causados. Así, por ejemplo, para lograr un preacuerdo en delitos patrimoniales se debe haber reintegrado a las víctimas, al menos, la mitad del incremento patrimonial percibido, o cuando hay una condena por cualquier delito se puede iniciar el incidente de reparación integral que busca resarcir cualquier daño o perjuicio derivado de la comisión de un delito a las víctimas.
Menos conocido, aunque no por ello menos eficiente, está el artículo 22 del código de procedimiento penal que consagra como norma rectora y prevalente sobre las demás normas penales el principio del restablecimiento del derecho, entendido como el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito, para que las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, independientemente de la responsabilidad penal. Es decir, en caso de que se logre demostrar que cualquier situación lesiva para una persona es consecuencia de un delito, independientemente de si hay un responsable o no, se debe restablecer el derecho de la persona al estado anterior a la afectación del derecho o en su defecto buscar un equivalente si ya no es posible volver a dicho estado.
Además, esta medida es atemporal e imprescriptible, por ello, se puede pedir en cualquier momento; incluso habiendo operado la prescripción de un delito. Por ejemplo, la persona que le falsificaron su firma y con ese documento la cambiaron a un régimen pensional menos favorable, o la persona que perdió un inmueble por culpa de la alteración de una escritura pública. En el primer caso podrá solicitar volver a dicho régimen y en el segundo podrá suspenderse el folio de matrícula, evitando que el bien se siga comercializando, aun cuando no haya habido sentencia condenatoria o incluso cuando por cuestión de tiempo los delitos hubieran prescrito.
Esta figura se puede hacer valer a través de una audiencia solicitada a petición de parte o de la Fiscalía ante un juez de control de garantías, quien deberá verificar que hayan motivos fundados de la existencia de un delito y que este delito sea la causa de la afectación del derecho alegado. Como gran ventaja, no se requiere que haya responsabilidad penal y se puede pedir en cualquier momento al ser imprescriptible.
