La industria de la música se vio obligada a redefinir formatos que se consideraban intocables.
Ana María Mesa Rico
Javeriana
Buscando un respiro de las discusiones que se han apoderado de las redes en estos últimos meses (ChatGPT, audiencias en el metaverso, reformas y nombramientos), este artículo pretende iniciar una conversación sobre un tema en el que todos pueden, y quieren, opinar: los conciertos.
Con la Pandemia del Covid-19, artistas, disqueras, editores, empresarios, aficionados y otros miembros de la industria de la música, se vieron obligados a redefinir formatos que se consideraban intocables y a aprender a utilizar herramientas digitales y tecnologías emergentes para seguir trabajando.
Aunque el camino no fue fácil, para la industria de la música en vivo, por ejemplo, el resultado no pudo ser más satisfactorio. El “regreso a la normalidad”, trajo consigo una fiebre inigualable de todo tipo de aficionados de querer asistir a todos los conciertos que se anuncian y, además, creó la necesidad de adquirir las boletas sin importar el costo.
Lo anterior, acompañado del caos que se ha presentado en todo el mundo en la venta de boletería de conciertos como el de Bad Bunny, Taylor Swift, Beyoncé, y ahora RBD, ha dado mucho de que hablar desde el derecho de la competencia. El últimamente acostumbrado colapso de las páginas y aplicaciones a través de las cuales se pueden comprar boletas para este tipo de eventos, más allá de generar frustración para aquellos que no pueden conseguirlas (incluso después de horas de espera en línea), ha puesto en el radar de las autoridades de competencia a aquellas empresas que se encargan de ofrecer este servicio. Incluso, ha derivado en la apertura de investigaciones por presuntas conductas que pueden considerarse abusivas y contrarias a la libre competencia que se busca en el mercado.
Por ejemplo, a finales de 2022, en EE.UU. se presentó un escándalo relacionado con la venta de boletas para el “Eras Tour” de la cantante Taylor Swift, pues cerca de 10 millones de norteamericanos se quedaron esperando su oportunidad para conseguir entradas a través del portal web de Ticketmaster (después de la preventa) sin obtener resultados.
La compañía argumentó que se había visto en la obligación de cancelar la venta al público general por la demanda extraordinaria, la insuficiencia del inventario de boletas y los ataques de bots que se presentaron a lo largo de la fecha de preventa. Esto, acompañado de antecedentes de mal manejo de conciertos, derivó en que el Departamento de Justicia de EE. UU. abriera una investigación antimonopolio contra Live Nation Entertainment (“LNE”), matriz de Ticketmaster), para determinar si existe un monopolio en la industria de la música en vivo y si LNE y Ticketmaster están abusando de su poder de mercado para obtener mayores ganancias a través de las tarifas y cantidades de boletas que se ofrecen para cada evento.
Aunque la discusión está abierta, es conveniente recordar que no es la primera vez que en EE.UU. se investiga a Ticketmaster y LNE (desde su fusión en 2010) de violar las leyes antimonopolio y abusar de su participación en el mercado, que se estima es superior al 70%, y que, en el mundo, este no es el único caso en que colapsa un sistema de venta de boletería y los consumidores son los que sufren las consecuencias.
En ese sentido, habrá que esperar el resultado de este caso en EE.UU. y ver cómo reacciona la Superintendencia de Industria y Comercio considerando que esta es una problemática que se presenta constantemente en Colombia.
Ana María Mesa Rico es Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en comercio internacional y derecho de daños, y especialista en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Ana María es Asociada en Serrano Martinez S.A.S.
