El internet satelital: nuevo reto para la legislación

Este es un caso más en el que la legislación debe ir a la par de los desarrollos tecnológicos.

Es descabellado pensar que el internet móvil tal como lo conocemos hoy existe hace menos de 20 años. Este es probablemente el desarrollo tecnológico que mayor impacto ha tenido en la cotidianidad de las personas en las últimas décadas, pues el intercambio de información pasó de tomar días o incluso meses, a apenas unas milésimas de segundos. Hoy es normal recibir un mensaje instantáneo en el teléfono cuando se está caminando por la calle o tener una videollamada cuando vamos en el transporte público. Sin embargo, siempre ha sido un reto para las empresas de comunicación lograr llegar a los lugares más apartados. Hay países cuyo territorio es fácil de recorrer y en ellos hay cobertura casi total, pero en países como Colombia, caracterizados por una geografía accidentada, todavía hay muchas personas que no gozan de esta conectividad con el resto del mundo. Y justamente eso es lo que pretende solucionar el internet satelital.

Brevemente, el objetivo que tiene este tipo de conexión, cuyo máximo fabricante y operador es SpaceX a través de su empresa Starlink, es brindar un internet de cobertura mundial a bajo costo, baja latencia y banda ancha. A lo que le apunta esta empresa es proveer internet satelital en cualquier lugar del mundo, sin importar qué tan remota sea la ubicación. Hasta ahí todo suena bien. Pero ¿qué impacto tiene esto en el derecho internacional?

Starlink pone en órbita constelaciones de satélites sobre los 500 kilómetros de altura. Hasta la fecha se sabe que Starlink ha puesto algo más de 3.000 satélites en órbita, siendo el objetivo alcanzar los 12.000 en el corto plazo. 12.000 satélites que conectarán al planeta entero a internet. 12.000 satélites extra al sobrepoblado espacio ultraterrestre que ya posee toneladas de basura espacial. Aunque la Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA, por sus siglas en inglés) ha dictado una serie de directrices para la reducción de desechos espaciales, es fundamental que los Estados promuevan el registro de los objetos lanzados al espacio, al igual que informar su periodo de vida útil, para que sea posible controlar el objeto antes que se convierta en basura espacial.

Otros retos para la legislación internacional son cómo contrarrestar la contaminación lumínica que generan estos satélites y el potencial uso militar que estos puedan otorgarle a los Estados. Gran cantidad de astrónomos han manifestado que desde que los satélites de Starlink están en órbita, es cada vez más difícil obtener observaciones de calidad.

De igual forma, Starlink tomó la decisión de desactivar su servicio en Ucrania ya que ese ejército estaba haciendo uso de este servicio como arma contra Rusia. Hay que recordar que, de acuerdo con los lineamientos de los Tratados Internacionales y la UNOOSA, el espacio ultraterrestre solo puede usarse con fines pacíficos y en beneficio de toda la humanidad. Este es un caso más en el que la legislación debe ir a la par de los desarrollos tecnológicos.

Mauricio José Gómez Rodríguez es Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con una Especialización en Derecho Aeronáutico y Espacial de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid, España). LL.M. Derecho Marítimo y del Transporte de la Universidad Erasmus de Rotterdam (Rotterdam, Países Bajos).