A casi cinco años de la firma del Acuerdo Final para la Paz son múltiples los desafíos de variada naturaleza para su implementación. La creación del SIVJRNR implicó que a su vez se diseñara un conjunto de órganos judiciales y extrajudiciales que dependen de una adecuada articulación, a menudo compleja, para el cumplimiento de los objetivos dispuestos entre los que se encuentran el aporte a la verdad y al reconocimiento de responsabilidad por parte de quienes son máximos responsables por la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, la reparación integral de las víctimas directas e indirectas y la no repetición de los hechos ocurridos durante el conflicto armado para la evitación de nuevos fenómenos de violencia o similares a los ya vividos.
Entre los retos asumidos por la JEP, órgano de carácter judicial, están el diseño e implementación de estrategias de investigación de la macrocriminalidad divididas en seis macrocasos. En estos, la mayor cantidad de avances han sucedido en los casos 001 y 003 correspondientes a la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP y a los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como “bajas” en combate por agentes del Estado respectivamente. A diferencia de otros como el caso 006 en los cuales se advierten serios rezagos que preocupan a las víctimas y a sus representantes.
La emisión de autos como el 019, 125 y 128 por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en ellos, representa un avance en cuanto a la determinación de los hechos y conductas imputables realizada bajo la expectativa de que se produzca su reconocimiento y la concreción de los aportes por cada uno de los comparecientes implicados. No obstante, ello aún está en discusión y no está exento de que varios de ellos opten por el procedimiento con ausencia de reconocimiento de responsabilidad de tinte adversarial.
Por otra parte, se ha observado la necesidad de abrir nuevos macrocasos que comprendan fenómenos de violencia que no son subsumibles en los ya existentes. Temas como el desplazamiento forzado, las “tomas” de poblaciones enteras, desapariciones forzadas y el empleo de métodos de guerra ilegales son los siguientes en la lista de espera. Otros como la violencia sexual aún no encuentran una respuesta clara o definitiva pese a la insistencia de las víctimas para que no queden en la impunidad.
En igual sentido, tanto la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas han enfrentado sus propios retos. En el caso de la primera aún la Corte Constitucional discute la ampliación del término fijado para el cumplimiento de sus mandatos, desde un principio calificado como insuficiente por distintos actores de la sociedad civil, en medio de fuertes críticas por el lugar preminente que han tenido algunos victimarios, mientras que la segunda se enfrenta a las limitaciones de seguridad, presupuestarias y demás dificultades propias de las labores de búsqueda, identificación y entrega digna de los restos de las víctimas.
En conclusión, el corto periodo de tiempo de vigencia del SIVJRNR ha puesto en evidencia que los esfuerzos por alcanzar la terminación del conflicto y avanzar hacia una sociedad posconflicto han sido insuficientes. Tales esfuerzos deben ser aumentados y acompañados de voluntad política para aprender de la corta experiencia referida, consolidar la satisfacción de los derechos las víctimas y buscar alternativas para dar solución a las causas estructurales que dieron lugar a las diferentes manifestaciones de la violencia. Finalmente, es necesario hacer un incesante llamado a la responsabilidad del Estado colombiano respecto de los firmantes del Acuerdo y respecto de quienes se reportan 286 excombatientes asesinados lo cual debe ser interpretado como una seria amenaza a la paz.