Mitigar los riesgos legales de la dependencia tecnológica en el sector público es crucial.
Cristian Serna Castaño
de Colombia
El Alien Tort Statute (ATS), promulgado en 1789, ha resurgido como una herramienta fundamental en la protección de derechos humanos cuando quien vulnera estos son empresas transnacionales, especialmente en casos donde las violaciones ocurren fuera de Estados Unidos. Su utilidad en la persecución de corporaciones que han contribuido a violaciones graves de derechos humanos es clave para Colombia, un país donde el conflicto armado ha estado marcado por la intervención de actores externos, incluidos algunos corporativos. El caso de Chiquita Brands, que implicó pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es un ejemplo paradigmático de cómo el ATS puede utilizarse para responsabilizar a empresas extranjeras por su complicidad en violaciones graves a derechos humanos.
Entre 1997 y 2004, Chiquita Brands admitió haber pagado más de 1.7 millones de dólares a las AUC, grupo paramilitar que fue responsable de masacres, desplazamientos forzados y otras atrocidades en las regiones de Urabá y Magdalena Medio. Las víctimas, en su mayoría campesinos, se vieron atrapadas en un conflicto armado donde el financiamiento a estos grupos no solo permitió su existencia, sino que contribuyó directamente a la violencia sistemática que azotó estas áreas.
El uso del ATS en este caso permitió que las víctimas colombianas llevaran a juicio a Chiquita en los tribunales de Estados Unidos, obteniendo un veredicto en 2024 que obligó a la empresa a pagar 38.3 millones de dólares en compensaciones. El fallo fue un triunfo no solo para las víctimas, sino para el concepto de responsabilidad corporativa, subrayando que las empresas multinacionales no pueden operar en el mundo sin asumir las consecuencias legales de sus acciones.
El ATS, aunque poderoso, opera bajo estrictos requisitos para su aplicabilidad, especialmente tras el fallo de la Corte Suprema en Kiobel v. Royal Dutch Petroleum (2013), que limitó su aplicación extraterritorial. No obstante, el caso Chiquita Brands fue capaz de superar estos obstáculos al cumplir con los siguientes requisitos:
1. Conexión significativa con Estados Unidos: A pesar de que los crímenes ocurrieron en Colombia, los pagos a las AUC se realizaron desde las oficinas de Chiquita en Ohio y Nueva Jersey, lo que proporcionó la conexión territorial necesaria para que el ATS tuviera jurisdicción.
2. Gravedad de las violaciones: El ATS se aplica exclusivamente a violaciones graves del derecho internacional, como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En este caso, los actos cometidos por las AUC, financiados en parte por Chiquita, cumplieron con este umbral de gravedad.
3. Acción o complicidad directa de la empresa: El jurado concluyó que Chiquita no solo realizó pagos bajo presión, sino que los ejecutivos de la empresa estaban plenamente conscientes de que los fondos contribuyeron a la comisión de crímenes graves. Esta acción consciente y voluntaria bastó para establecer su responsabilidad bajo el ATS.
El ATS ha demostrado ser una herramienta invaluable para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia, especialmente cuando la justicia local ha sido lenta o insuficiente. En un país donde el conflicto armado ha estado marcado por la participación de actores internacionales, el ATS ofrece una vía alternativa para obtener justicia. La utilidad del ATS en estos casos se basa en varios factores clave:
1. Acceso a la justicia internacional: En muchas ocasiones, las víctimas en Colombia han enfrentado barreras sustanciales para obtener justicia dentro del país, ya sea por la falta de recursos, la complejidad del sistema judicial o la amenaza directa a sus vidas. El ATS abre una puerta en los tribunales estadounidenses, permitiendo que las víctimas busquen reparaciones por las acciones de empresas extranjeras que han contribuido a la violencia en su país.
2. Impunidad corporativa en zonas de conflicto: El conflicto armado en Colombia no solo ha involucrado a grupos armados como las FARC y las AUC, sino también a actores corporativos que, en algunos casos, han financiado estos grupos con el fin de proteger sus intereses comerciales. El caso Chiquita es un ejemplo emblemático de cómo una empresa extranjera puede verse implicada en graves violaciones de derechos humanos. El ATS permite responsabilizar a estas empresas por su participación en violaciones, generando un precedente para otros casos similares.
3. Reparación a las víctimas: En contextos donde las víctimas han sufrido desplazamiento, tortura y asesinato de sus seres queridos, obtener una compensación financiera es una forma de reparación. Si bien el dinero no puede revertir el daño causado, el ATS ofrece una vía para que las víctimas reciban algún tipo de justicia reparadora, como se vio en el caso de Chiquita.
4. Disuasión de futuras violaciones: Al condenar a empresas como Chiquita bajo el ATS, se establece un precedente claro: las corporaciones no pueden operar impunemente en zonas de conflicto. La posibilidad de ser llevadas a juicio y enfrentar consecuencias económicas significativas actúa como un disuasivo para futuras violaciones, incentivando a las empresas a actuar con mayor diligencia en la protección de los derechos humanos.
En conclusión, es posible afirmar que el fallo en contra de Chiquita Brands en 2024 representa un avance significativo en la lucha por la responsabilidad corporativa en el contexto colombiano. Las multinacionales que operan en zonas de conflicto tienen la obligación de asegurar que sus acciones no contribuyan a violaciones de derechos humanos, y el ATS ha demostrado ser una herramienta crucial para garantizar que estas empresas rindan cuentas.
Para Colombia, un país donde las violaciones de derechos humanos han sido facilitadas en ocasiones por actores externos, el ATS ofrece una vía eficaz para que las víctimas busquen justicia y reparación. Este caso subraya la importancia de la justicia internacional en un mundo globalizado, donde las acciones de las empresas pueden tener consecuencias profundas y duraderas en las vidas de las personas.
La condena a Chiquita es un recordatorio de que cuando se trata de derechos humanos la justicia no puede tener fronteras y de que, con mecanismos como el ATS, las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden encontrar un camino hacia la reparación, incluso en tribunales lejanos.
