Recientemente, se ha dado especial atención a la protección de datos personales, la ciberseguridad y la adopción de principios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
Camila González
El derecho empresarial en Colombia ha sido un motor de cambio y progreso, reflejando la evolución de nuestra sociedad y consolidándose como un pilar clave en la construcción de estructuras sociales más avanzadas.
Este ámbito del derecho, que abarca desde la creación hasta la disolución de las empresas, tiene como objetivo principal el impulso de la actividad económica, proporcionando un marco legal que protege los derechos de empresarios, trabajadores, consumidores y el Estado.
En nuestro país, el derecho empresarial ha desempeñado un papel determinante en el desarrollo y fortalecimiento de los sectores industrial y comercial, funcionando como un catalizador de la economía al ofrecer seguridad jurídica a los agentes económicos y fomentar la inversión, tanto nacional como extranjera. Sin embargo, enfrentamos desafíos significativos que ponen a prueba la solidez de nuestro derecho empresarial.
La complejidad de las normativas y los cambios ideológicos de los gobiernos han creado una percepción de inestabilidad e incertidumbre entre los inversionistas, que ven a Colombia como una jurisdicción cada vez más «compleja» para hacer negocios.
Esta situación se manifiesta especialmente en el ámbito tributario, regulatorio y de cumplimiento, donde la falta de confianza en la estabilidad del régimen tributario, los cada vez más complejos procesos para la obtención de licencias y permisos, y la creciente carga de cumplimiento sustancial y formal, influye directamente en la atracción y continuidad de las inversiones a mediano y largo plazo.
La adaptación a las nuevas tecnologías y la economía digital, la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, son desafíos que se han intensificado en el derecho empresarial.
Superar estos obstáculos es crucial para proyectar una imagen internacional atractiva, atraer y promover la inversión extranjera, impulsar el desarrollo de nuevos mercados, promover la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial, y aumentar la competitividad de las empresas colombianas en el escenario global.
En este 2024, las tendencias emergentes en el derecho empresarial nos brindan la oportunidad de adoptar enfoques más proactivos y constructivos. La digitalización de los procesos legales, la implementación de inteligencia artificial en la toma de decisiones, la automatización de tareas y la adopción de prácticas de gobernanza corporativa más robustas, son claros ejemplos de la dirección que estamos tomando.
Recientemente, se ha dado especial atención a la protección de datos personales, la ciberseguridad y la adopción de principios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
El debate sobre la regulación excesiva en ciertos sectores también ha ganado relevancia, subrayando la necesidad de un equilibrio normativo que fomente la innovación empresarial sin sacrificar la protección al consumidor, la estabilidad del mercado y la claridad y continuidad temporal de las normas.
A pesar de los retos estructurales que enfrentamos, el derecho empresarial seguirá siendo un pilar fundamental para el crecimiento económico de Colombia. Es imperativo que la regulación evolucione para abordar desafíos contemporáneos como la transformación digital, la relevancia global de adopción de normas que promuevan la adopción de los principios ESG y la flexibilización y modernización del marco regulatorio aplicable a las fusiones y adquisiciones como motor de crecimiento empresarial.
La colaboración entre el sector privado, el gobierno y la academia es esencial para asegurar que Colombia se mantenga a la vanguardia en materia de legislación empresarial, y para que continúe su trayectoria de desarrollo económico sostenido y responsable.
