Uno de los principales retos para la culminación con éxito de estas iniciativas es la eficiente incorporación de los nuevos actores a las discusiones jurídicas que se han sostenido desde hace más de diez años.
Desde el año 2014 y hasta la actualidad, Colombia ha tenido una transformación en el sector de la infraestructura con el desarrollo y puesta en operación de los proyectos de infraestructura vial. Si bien la industria de la infraestructura en Colombia no empezó con los proyectos de 4G, lo cierto es que, en el marco de la expedición de la Ley de Infraestructura en el 2013, estos proyectos marcaron un antes y un después en el desarrollo del sector y en sus esquemas de financiación.
Los proyectos de infraestructura de los últimos diez años han estado liderados por los de infraestructura vial, cuya entidad concedente ha sido la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y sobre los cuales se desarrolló una estructura de financiación mayoritariamente estandarizada. Con los primeros proyectos adjudicados, tanto sponsors como financiadores (nacionales e internacionales) empezaron a estructurar y a diseñar un sistema contractual que, siguiendo estándares internacionales, uniformó las discusiones jurídicas y financieras alrededor de los proyectos, que, si bien tienen particularidades técnicas diferentes y coyunturales, en su estructura de riesgos comparten una base que permite dicha estandarización.
Ejemplo de lo anterior es la utilización de estructuras contractuales similares, como la inclusión de un esquema de doble fiducia como garantía para los acreedores, o la inclusión de esquema de prepagos anticipados obligatorios dimensionados en virtud del pago de los Descuentos por Reducción de Demanda (DRs) previstos en el contrato de concesión. Esta estandarización de las estructuras jurídicas permitió que los costros transaccionales de los cierres financieros, así como los tiempos de desembolso de los recursos, pudieran reducirse gradualmente enfocando aquellas discusiones jurídicas de los diferentes actores en asuntos particulares de cada proyecto.
Ahora bien, el desarrollo de la infraestructura no se detuvo en los proyectos de carreteras; ya en los proyectos de 5G se incluyeron más propuestas de otros sectores como el fluvial y ferroviario, y más recientemente la ANI ha publicado la lista de los principales proyectos de infraestructura social que desea adelantar el presente Gobierno. Los proyectos presentados en el primer Foro ANI Social y Productiva se distribuyen en cuatro proyectos de agua y saneamiento básico en cuatro departamentos, cinco proyectos de infraestructura hospitalaria en Bogotá y Cúcuta, y más de veinte proyectos de infraestructura educativa en diferentes municipios del país.
Esta nueva ola de proyectos definitivamente representará un crecimiento en el desarrollo económico y social del país. No obstante, uno de los principales retos para la culminación con éxito de estas iniciativas es la eficiente incorporación de los nuevos actores a las discusiones jurídicas que se han sostenido desde hace más de diez años. En este contexto, la práctica jurídica que se ha estandarizado alrededor de la financiación de proyectos de carretera deberá ajustarse y flexibilizarse para la estructuración de nuevos esquemas contractuales que asignen eficientemente nuevos riesgos de proyectos públicos con entidades concedentes que no han tenido experiencia en este tipo de estructuras financieras, y características técnicas diferentes a aquel ecosistema inicial de carreteras.
No obstante, la implantación de estas necesidades de cambio y flexibilización ya se están observando en el mercado. Los esquemas de refinanciación de proyectos de 4G que han entrado en operación, así como las financiaciones de los nuevos proyectos de 5G, se han decantado por la utilización de un esquema de garantía con una fiducia, que ha logrado reducir los tiempos de estructuración y los costos transaccionales asociados a estos. Así mismo, un ejemplo exitoso de inclusión de un nuevo actor en las discusiones de los esquemas contractuales es el de la Secretaría de Salud de Bogotá en el proyecto del Hospital de Bosa. Si bien esta entidad no había participado en este tipo de financiación de proyectos, su adaptación a las discusiones permitió un eficiente cierre financiero y consecuente desarrollo del proyecto.
Será labor de la ANI, del Gobierno y de las diferentes entidades territoriales, así como de los diferentes asesores técnicos, jurídicos y financieros, utilizar toda la experiencia del último decenio en proyectos de carreteras para garantizar un eficiente cierre, construcción y operación de estos proyectos sociales que significarán un impacto grande en el bienestar social del país.
Nicolás Angulo es Asociado Sénior de la práctica de Derecho del Mercado de Valores, Derecho Bancario y Financiero, y Project Finance de Garrigues. Abogado con profundización en Historia y Economía de la Universidad de los Andes (2015) y Especialista en Mercado de Capitales y Derecho Financiero de la Pontifica Universidad Javeriana (2017).
Nicolás ha participado en la estructuración legal del cierre financiero de varios proyectos de infraestructura en Colombia. Así mismo, cuenta con experiencia en la asesoría de entidades financieras locales e internacionales para la realización de emisiones de valores, procesos de autorización de constitución y funcionamiento de entidades vigiladas, y demás asuntos contractuales y regulatorios relacionados con entidades financieras y emisores del mercado de valores. De igual forma, ha prestado asesoría a entidades del sector real y financiero para la estructuración e implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo y sistemas de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Recientemente ha asesorado a entidades multilaterales para la estructuración de proyectos normativos relacionados con Fintech en Colombia.
Nicolás participó del programa “Introducción a la Práctica Internacional de la Abogacía de los Negocios” impartido por el Centro de Estudios Garrigues (Madrid, España).