La incógnita por resolver es, ¿Será posible que los tribunales impartidores de justicia se adapten a la nueva normatividad en materia civil y mercantil?
Claudio César Alanis Serratos
Panamericana de México
El pasado 19 de abril de 2023 se emitió el Dictamen de la Comisión de Justicia de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se dio a conocer el tan esperado «Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares«.
No es sorprendente su emisión, ya que se trata de un proyecto que se había pospuesto desde mediados del año 2016. Es importante debido a la gran complejidad que implicaba para todos los litigantes y juristas de nuestro país, ventilar juicios dentro de las diferentes entidades y demarcaciones del territorio nacional, lo que representa un paso más hacia la homologación del derecho en México.
El nuevo código constará de un total de 10 libros, 1191 artículos y 20 transitorios que en conjunto forman el compendio de normas que regirán la actividad jurisdiccional en el ámbito local y nacional, lo que supone un reto para los abogados de nuestro país, quienes tendrán la tarea de conocer y estudiar este nuevo ordenamiento.
Este nuevo código es el claro ejemplo de la frase célebre del jurista estadounidense Charles Evans Hughes, quien dijo que «La reforma de las leyes es un proceso constante, ya que las sociedades evolucionan y cambian constantemente». Un claro ejemplo de ello se evidencia al observar la regulación emitida en el Libro Octavo denominado «De la Justicia Digital», en donde por primera vez en el ámbito civil y familiar, se regulará la integración de procedimientos meramente seguidos en línea, incorporando términos y figuras novedosas, como lo son las audiencias, notificaciones y hasta diligencias “virtuales”.
Sin duda alguna, representará un gran reto para el Sistema Judicial nacional la digitalización y modernización de las plataformas de seguimiento de expedientes, ya que, con la experiencia que se tiene hasta el día de hoy, se ve lejana aún la posibilidad de realizar los trámites exigidos en el nuevo Código de forma digital.
La incógnita por resolver es si ¿Será posible que los tribunales impartidores de justicia se adapten a la nueva normatividad en materia civil y mercantil?
No solo se trata de un cambio tecnológico, sino que también implica una actualización jurídica para todos los que estamos involucrados en el mundo del derecho, desde los docentes que imparten las diversas ramas del derecho en las aulas, hasta los propios juzgadores integrantes de los Órganos Jurisdiccionales del país, quienes tendrán la obligación de conocer e impartir la justicia desde el nuevo marco legal aplicable.
Claudio C. Alanis Serratos es Abogado por la Universidad Panamericana de México, cuenta con un posgrado en materia de Derechos Humanos realizado en la Universidad Católica de Avila, en España. Es miembro activo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, su práctica se especializa en Litigio Civil y Mercantil. Actualmente es abogado dentro de la firma legal Regalado & Galindo, Abogados.
