…es la primera vez en la historia que la CPI pide la detención del presidente de una de las cinco potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El 17 de marzo del 2023 la Corte Penal Internacional emitió una orden de captura contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y Maria Lvova-Belova, comisaria para los Derechos de la Infancia de la Oficina del presidente de la Federación Rusa. Lo anterior por los crímenes de guerra de la deportación ilegal de menores. Se dice que alrededor de 16.000 niños ucranianos habrían sido deportados a Rusia. Según indica el comunicado de prensa de la Corte, existen motivos razonables para pensar que ambos sospechosos tienen responsabilidad penal en el crimen de guerra de deportación ilegal de población. Esto, de acuerdo con el artículo 8 del Estatuto de Roma, el cual hace referencia a los crímenes de guerra.
La responsabilidad individual de Putin se debe a su rol como jefe de Estado por cometer actos directamente o en su caso, junto o a través de otro. También, por no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, los cuales están bajo su control y autoridad efectiva.
Si bien Rusia firmó el Estatuto de Roma en el 2000 y retiró la firma en 2016 tras la anexión de Crimea, nunca ratificó el instrumento. Esto explica por qué, Rusia calificó de «nula jurídicamente» la orden de arresto de Vladímir Putin. A pesar de que Rusia no es Estado Parte del Estatuto de Roma y su jurisdicción no opera en este país, hay 124 Estados en los cuales las órdenes de detención son vinculantes. Los 123 Estados Parte y en Ucrania, que ha aceptado la jurisdicción de la CPI en su territorio por los crímenes cometidos allí desde 2014. Se sabe que la captura del presidente Putin es poco probable, pero la emisión de la orden de captura significa más que eso.
En este orden de ideas, Ucrania tampoco ha ratificado el tratado, pero, ha reconocido la jurisdicción de la CPI para investigar los crímenes de guerra en el país. Esto le permite a la Corte procesar a ciudadanos rusos, incluido su presidente, por delitos cometidos en Ucrania.
Es importante resaltar que es la primera vez en la historia que la CPI pide la detención del presidente de una de las cinco potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aunque la medida es muy difícil de ejecutar, ya que la captura del presidente Putin es poco probable. No solo porque tiene una territorialidad limitada, sino porque tiene un alto costo político para muchos Estados parte de la CPI. Pero, debemos recordar que este es un paso muy importante para la CPI: perseguir a un jefe de Estado en funciones mientras lleva a cabo una guerra llena de crímenes de guerra sistemáticos.
Natalia Venegas Arango es Abogada e internacionalista bilingüe de la Universidad del Rosario, con énfasis en seguridad, paz y conflicto. Con experiencia en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Amplio interés en derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional.