Si bien el proyecto de importación del Pacífico no está presente en el lineamiento de la política hidrocarburífera actual, sí resulta relevante debido al riesgo de desabastecimiento que enfrenta el país. Más con los anuncios recientes para activar la importación de gas desde Venezuela.
Mónica Torres Sierra
para el equipo de Energía & Cambio Climático
Desde hace varios años en Colombia se afirma que el país cuenta con importantes recursos hidrocarburíferos. Sobre el gas natural, la política pública se ha dirigido desde los años 80 a buscar la masificación de su consumo tanto en el sector residencial, como el industrial y comercial. El gas natural ha sido el haz bajo la manga para lograr la sustitución de leña, limpiar el parque automotor, y hasta garantizar la confiabilidad del servicio de energía eléctrica. Sin embargo, con la nueva política sobre la no adjudicación de nuevas áreas y celebración de contratos para la producción de hidrocarburos, no resulta claro cómo se cubrirá la demanda de gas natural nacional que asciende a casi 10.8 millones de usuarios. Parece que la nueva política hidrocarburífera en Colombia respalda la actividad de importación de gas natural.
En el año 2016, después de la suspensión de operaciones del gasoducto entre Colombia y Venezuela, en Cartagena se inauguró la primera y única terminal de regasificación que opera en el país. Esta infraestructura de importación de gas natural licuado (GNL) tiene el propósito de abastecer de manera exclusiva a tres generadores térmicos. Estos, cuando requieren despachar cantidades de energía en firme, respaldan sus obligaciones con GNL. En la actualidad, el operador de esta infraestructura analiza la posibilidad de mantener la infraestructura a disposición de la demanda nacional y su posible expansión.
Adicionalmente, desde el año 2015 por el balance de oferta y demanda realizado por la autoridad de planeación en Colombia, se discute la relevancia de viabilizar otra infraestructura de importación de gas natural en el Pacífico colombiano. Esta infraestructura, a diferencia de la del Caribe, busca abastecer a toda la demanda nacional. Sin embargo, para que esto ocurra es necesario la construcción de un gasoducto que conecte dicha infraestructura ubicada en Buenaventura hasta Yumbo. Esta infraestructura estará a cargo del inversionista que sea seleccionado por la autoridad de planeación a través del proceso que culminará entre los meses de junio y julio próximos.
Este proyecto tiene detractores y partidarios. Los detractores afirman que se requiere incentivar las actividades de exploración y producción para viabilizar los importantes recursos nacionales, así como aprovechar la infraestructura de importación existente que estará disponible depsués del 2026. Y, los partidarios, afirman que esta infraestructura permitirá aumentar la competencia y disminuir la tarifa del servicio en el suroccidente del país. Además, la autoridad de planeación concluyó que en 2026 Colombia podría enfrentar un desabastecimiento temporal mientras se viabilizan los recursos nacionales en exploración y evaluación, que solo podrá ser cubierto con importación. Así, según la evaluación costo-beneficio, se considera que será menos costoso contar con la infraestructura de importación, incluso, materializándose las reservas de gas, que no contando con la infraestructura de ocurrir el desabastecimiento.
Si bien el proyecto de importación del Pacífico no está presente en el lineamiento de la política hidrocarburífera actual, sí resulta relevante debido al riesgo de desabastecimiento que enfrenta el país. Más con los anuncios recientes para activar la importación de gas desde Venezuela.
Mónica Torres Sierra es Counsel en CMS Rodríguez Azuero, en el área de Energía y Cambio Climático. Abogada con más de 11 años de experiencia asesorando proyectos y empresas en el sector energético, en los subsectores gas y energía eléctrica en asuntos de regulación económica, servicios públicos, corporativos, societarios y contractuales.
