María Fernanda Jiménez Sarmiento
En Colombia, según el artículo 44 de la constitución política, el derecho que tienen los niños niñas y adolescentes a recibir una cuota de alimentos es un derecho fundamental, de esta manera el artículo 24 del código de infancia y adolescencia estableció varios requisitos para establecer la cuota de alimentos.
Entre esos criterios para tener en cuenta, está el de la capacidad económica del alimentante, lo que quiere decir que no se podrá exigir una cuota de alimentos que no esté ajustada con los ingresos del padre que tiene el deber de suministrarla.
Si bien esto parece a primera vista una medida justa, desconoce de manera grave el arduo trabajo que implica la crianza de los hijos, pues quien tiene la custodia del menor, también debe aportar de manera económica para su sustento, dejando como resultado que quien ostenta la custodia, está dando un doble aporte, el económico y el trabajo que implica la crianza. Situación que afecta principalmente a las mujeres pues según el censo del año 2018 el 40,7% de los hogares en Colombia tiene madres cabeza de hogar.[1]
Además, según cifras del DANE del año 2018 del total del tiempo que dedica la población colombiana a proveer cuidados directos no remunerados para otros integrantes de sus hogares, 76.2% lo proporcionan las mujeres y 23.8% los hombres.[2]
Es por lo anterior, que el ordenamiento jurídico debe disponer que, el padre que tiene la obligación de dar una cuota de alimentos provea un porcentaje mayor en dinero para el sustento del menor, reconociendo de esta manera que quien tiene la custodia, además del factor económico, aporta al sostenimiento del menor con el trabajo de crianza y cuidado.
