La industria requiere una coordinación armónica que respete la especialidad técnica aeronáutica de la Aerocivil y complemente la labor de la Supertransporte.
Luis Miguel Huertas Cardozo 
La aviación civil en Colombia atraviesa un momento clave de expansión y consolidación como motor de conectividad y competitividad económica. No obstante, este dinamismo operacional exige un entorno institucional predecible donde la seguridad jurídica sea el eje rector de las decisiones de la industria. En este contexto, la interacción funcional entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y la Superintendencia de Transporte (Supertransporte) abre un espacio necesario de reflexión sobre la delimitación de sus facultades de inspección, vigilancia y control.
Históricamente, la Aerocivil ha desempeñado un rol integral y técnico como autoridad aeronáutica especializada, con un conocimiento profundo de la física de la operación, los estándares internacionales de la OACI y la regulación del transporte aéreo a través de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). Por su parte, la Supertransporte cuenta con un mandato legítimo y robusto para velar por los derechos de los usuarios y la debida prestación del servicio público de transporte y ostentando la vigilancia subjetiva de las aerolíneas.
Aunque ambas entidades persiguen fines loables y complementarios de protección al interés general, la concurrencia de potestades sobre aspectos vinculados a la relación entre aerolínea y pasajero genera fricciones regulatorias, así como el control subjetivo que puede confluir con las funciones de inspección vigilancia y control de Aerocivil.
En la práctica, esta superposición se evidencia cuando contingencias operacionales complejas como demoras o cancelaciones derivadas de factores meteorológicos o técnicos no imputables suscitan requerimientos o investigaciones simultáneas por parte de ambas entidades.
Para las aerolíneas y agentes del sector, gestionar procedimientos paralelos frente a un mismo hecho no solo eleva de manera sustancial los costos de cumplimiento y la carga administrativa, sino que introduce discusiones jurídicas profundas en torno al principio de non bis in idem y a la uniformidad de criterios sancionatorios o de vigilancia.
El debate no radica en atenuar el control estatal ni en desproteger a los usuarios, sino en optimizar la arquitectura institucional del Estado. La industria requiere una coordinación armónica que respete la especialidad técnica aeronáutica de la Aerocivil y complemente la labor de la Supertransporte, evitando la duplicidad de trámites.
Mecanismos como protocolos de remisión unificada, mesas de articulación interinstitucional o ajustes normativos de deslinde competencial aportarían la claridad que hoy demanda el ecosistema aéreo. Una regulación coordinada no solo protege de mejor forma al consumidor, sino que consolida a Colombia como una plaza atractiva, eficiente y jurídicamente sólida para la inversión aeronáutica.
Luis Miguel Huertas Cardozo es Abogado egresado de la Universidad de Ibagué con especialización en Regulación de Mercados de la Universidad Externado, cuenta con experiencia en derecho aeronáutico y competencia, actualmente se desempeña como Líder del Área de Derecho Aeronáutico en Del Hierro Abogados.
