El 60% del valor de un tiquete internacional se queda en el Estado.
Juan David Soto Velasco 
Actualmente, en Colombia operan de manera regular más de 30 aerolíneas que transportan a miles de pasajeros hacia sus destinos nacionales e internacionales. Contar con tal número de oferentes en un mercado con altísimas barreras regulatorias y operativas no es un logro menor, especialmente si comparamos con países vecinos donde la oferta puede reducirse a tan solo dos o tres compañías.
A pesar de esta amplia variedad de alternativas, el pasajero suele cuestionar el porqué de los altos precios y señala a las aerolíneas como las únicas culpables. Sin embargo, la realidad jurídica y económica es mucho más compleja: el precio que paga el usuario no es, en su mayoría, ingreso neto para el operador.
Aunque el pasajero paga un precio único, este se compone de tarifas, tasas, impuestos y costos operacionales externos. Según datos del sector, en trayectos nacionales las cargas tributarias representan el 35%, mientras que en rutas internacionales pueden alcanzar hasta el 60% del valor total.
Para ponerlo en perspectiva, a pesar de ser un servicio público esencial, el transporte aéreo y su combustible están gravados con un IVA del 19%. Esto contrasta con otros servicios del sector turismo que cuentan con tarifas del 5%, o el transporte terrestre y fluvial, que en muchos casos están exentos. Colombia supera con creces los promedios regionales: mientras que en Latinoamérica la carga impositiva promedio es del 44%, en el resto del mundo es apenas del 27%.
Si restamos los impuestos, a las aerolíneas les queda apenas un 40% del valor del tiquete para cubrir su operación. En este escenario, la crisis geopolítica en Oriente Medio ha disparado el valor del Jet Fuel, alcanzando máximos en diez años. En periodos críticos, el precio del combustible ha aumentado hasta un 80% en un solo mes, poniendo en jaque la sostenibilidad financiera de rutas y amenazando la conectividad de países enteros.
Atrapadas entre una carga impositiva desproporcionada y el alza súbita de costos operativos, las aerolíneas operan en un entorno de extrema fragilidad. Es imperativo aliviar estas condiciones para proteger al consumidor. Si bien se aplauden las propuestas legislativas para reducir el IVA al 5% de manera transitoria, el debate también debe incluir la revisión de las tasas aeroportuarias.
Juan David Soto Velasco es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con experiencia en derecho marcario, derecho del consumo y derecho aeronáutico.
