Será crucial el rol de la Agencia Regional de Movilidad, que a partir del mandato de la Región Metropolitana tiene como visión articular los planes y proyectos de movilidad.
Es posible que los años de espera para ver la materialización de proyectos de movilidad intermodal de alto impacto en la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca hagan parecer interminable el transcurso de los últimos hitos de los proyectos actualmente en construcción y que, de alguna forma, aún se vea alejado el inicio de la operación de cada proyecto. Sin embargo, este espacio puede ser clave para anticipar los eventuales desafíos que seguramente van a presentarse, no solo en los proyectos cercanos a su puesta en marcha sino de forma transversal a aquellos que se encuentran en etapa de estructuración e, inclusive, en su conceptualización inicial.
Con esto en mente, es clave resaltar la importancia que tendrá la materialización del principio de coordinación y colaboración en materia administrativa, para que las decisiones que deban ser tomadas alrededor de los proyectos por parte de las autoridades y entidades involucradas estén encaminadas precisamente a la consecución de los fines y cometidos estatales, en cumplimiento del objetivo legal de los mencionados principios.
Así las cosas, la transición hacia un modelo de transporte multimodal implica un desafío para la Región Metropolitana, con el fin de integrar adecuadamente buses de diferentes tecnologías que seguirán migrando a modelos de cero y bajas emisiones, la primera línea de metro en construcción, nuevos sistemas de cables aéreos, trenes suburbanos, centros de intercambio modal y medios de transporte de última milla sobre los cuales pueden identificarse retos aún mayores para su integración.
En ese sentido, el principal desafío residirá en la alineación interinstitucional entre las Secretarías de Movilidad de las diferentes jurisdicciones de la región; entes gestores como Transmilenio, la Empresa Metro de Bogotá y la Empresa Férrea Regional; así como entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano, el Instituto Nacional de Vías, la Agencia Nacional de Infraestructura y otras instancias del orden nacional. El reto consistirá en que las entidades operen bajo una visión unificada que históricamente ha sido compleja de materializar. Para ello, entre otras cosas será crucial el rol de la Agencia Regional de Movilidad, que a partir del mandato de la Región Metropolitana tiene como visión articular los planes y proyectos de movilidad, incluyendo el apoyo para la gestión de decisiones que se deban tomar al interior de esta entidad administrativa de asociatividad regional.
Así mismo, otro desafío práctico que se suma a la integración tecnológica y tarifaria consiste en concebir los proyectos como parte de un sistema interconectado de carácter regional y no como elementos aislados que hacen parte de este. En esa vía, es clave el flujo de información entre entidades estructuradoras, con el fin de lograr las mejores y más ágiles alternativas de integración física de los proyectos, para anticipar oportunamente los retos técnicos, jurídicos y financieros que permitan tomar las decisiones dirigidas a que los proyectos sean sostenibles y satisfagan las necesidades de movilidad en la Región Metropolitana.
Julián Lozano es asociado sénior de la práctica de Infraestructura y Derecho Público en Garrigues, donde ejerce su actividad profesional principalmente en asesorías a entidades públicas y empresas privadas en contratación estatal, derecho ambiental y en estructuración de proyectos de infraestructura bajo esquemas de colaboración público-privada, en los sectores de transporte masivo, infraestructura vial y aeroportuaria, salud entre otros. Así mismo, participa en la revisión de los aspectos regulatorios asociados a proyectos generación y transmisión de energía.
