“Salir del CIADI puede cerrar un foro específico, pero no desactiva el andamiaje jurídico que permite a los inversionistas reconfigurar sus reclamaciones en otros espacios internacionales.”
En los últimos años, el debate sobre la permanencia de Colombia en el sistema internacional de arbitraje de inversión ha cobrado fuerza. Lo que antes parecía una discusión reservada para académicos hoy se ha convertido en un tema de interés público: las decisiones que se tomen pueden tener consecuencias profundas para la economía, la soberanía regulatoria y la confianza de los inversionistas extranjeros.
Para entender de qué estamos hablando, vale la pena dar un paso atrás. El arbitraje de inversión es un mecanismo mediante el cual un inversionista extranjero puede demandar directamente a un Estado cuando considera que sus derechos han sido vulnerados; por ejemplo, cuando un gobierno cambia las reglas abruptamente, expropia sin compensación adecuada o discrimina por nacionalidad. El foro más conocido es el CIADI, adscrito al Banco Mundial, aunque también existen mecanismos previstos en tratados bilaterales de inversión (TBI) y en capítulos de inversión de tratados de libre comercio (TLC).
Voces influyentes dentro del gobierno han planteado la posibilidad de retirarse de estos mecanismos. Los argumentos a favor no son menores: pensadores como Stiglitz y Piketty señalan que el arbitraje limita la capacidad regulatoria del Estado en áreas sensibles como el medio ambiente, la salud pública y los derechos laborales. Este debate adquiere especial tensión en el contexto de otras políticas del propio Gobierno, como la transición energética, pues existen decenas de proyectos en este sector cubiertos por acuerdos con arbitraje internacional.
Ahora bien, la premisa de que retirarse del CIADI mitigaría sustancialmente ese riesgo es incompleta, pues existen también las denominadas “cláusulas paraguas”, típicamente incluidas en TBI y TLC, que elevan a rango internacional determinadas obligaciones contractuales del Estado, de modo que su incumplimiento puede constituir una violación del tratado. Así, aun si Colombia denuncia el Convenio CIADI, numerosos compromisos sustantivos y mecanismos alternativos de solución de controversias (internacionales) permanecen vigentes. Salir del CIADI puede cerrar un foro específico, pero no desactiva el andamiaje jurídico que permite a los inversionistas reconfigurar sus reclamaciones en otros espacios internacionales.
Quienes defienden la permanencia advierten que retirarse enviaría una señal negativa a los mercados. El arbitraje ofrece seguridad jurídica y previsibilidad, elementos esenciales para atraer capital extranjero. La solución, argumentan, no está en abandonar el sistema, sino en renegociar los tratados con cláusulas más equilibradas, como ya lo han hecho otros países. Además, dado que los tratados internacionales estructurales sobre los cuales se fundamenta el arbitraje de inversión han sido incorporados al ordenamiento doméstico mediante leyes de la República, el debate sobre una eventual salida no solo se juega en el plano del poder ejecutivo.
El mundo entero está repensando el arbitraje de inversión: la Unión Europea impulsa un tribunal multilateral permanente y la CNUDMI trabaja en reformas. El camino que elija Colombia debe ser cuidadosamente ponderado. Una salida abrupta podría generar más problemas de los que pretende resolver, mientras que una reforma gradual e inteligente permitiría proteger el espacio regulatorio sin renunciar a un entorno favorable a la inversión.
