«En un entorno donde el tiempo representa millones de inversión y los retrasos contractuales son sinónimo de litigio costoso, una gestión programática eficiente y proactiva, respaldada por una sólida estrategia legal, actúa como la mejor póliza de seguro ante las controversias más complejas y onerosas.»
Clay Said Sotelo Aragón
Externado de Colombia
Esp. en Derecho Administrativo
Universidad Externado de Colombia
Los contratos estatales de infraestructura para proyectos de gran envergadura rara vez están exentos de complejidades. Entre estas, una se erige como verdadero termómetro del éxito contractual o anuncio de una eventual controversia que, no en pocos casos, culmina ante un tribunal de arbitraje internacional: las disputas relacionadas con la ejecución de obras por fuera de los plazos proyectados y los impactos programáticos y financieros que de ello se derivan.
En este tipo de contratos, a menudo medidos en kilómetros construidos y ejecutados bajo un único plazo para la entrega de Unidades Funcionales (UF) o de Ejecución (UE), el Plan Detallado de Trabajo (PDT) adquiere especial relevancia. Este instrumento técnico permite verificar con precisión el estado real de la ejecución y, por tanto, el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
El PDT es mucho más que un cronograma, pues constituye una planificación detallada de todas las actividades a ejecutar, su secuencia lógica, rendimientos esperados, recursos asignados e inversiones necesarias, todo ello dentro de un plazo definido y articulado con el cronograma general del contrato. Por su carácter técnico y su directa conexión con obligaciones verificables, su análisis desde una perspectiva jurídica es indispensable.
La adecuada definición del “qué” y el “cuándo” en el PDT es fundamental para identificar desviaciones, retrasos y sus efectos. Esta claridad es clave al momento de presentar solicitudes de reconocimiento, justificar prórrogas, acreditar impactos o activar mecanismos de solución de controversias contractuales, incluida la cláusula compromisoria. Cada actividad del PDT está sujeta a requisitos técnicos y jurídicos específicos, así como a un control estricto de pagos conforme al sistema de retribución acordado.
Dado que los impactos sobre el PDT pueden desencadenar disputas contractuales relacionadas con el plazo y el costo del contrato, en sede arbitral resulta determinante establecer con claridad quién causó el retraso, cuál fue su impacto real en tiempo y recursos, y si existieron retrasos concurrentes que dificulten la atribución de responsabilidades. En tales escenarios, el conocimiento técnico del PDT y la comprensión jurídica del contrato se vuelven igualmente cruciales.
Frente a este panorama, y con el objetivo de mitigar los riesgos derivados de potenciales controversias, resulta pertinente adoptar una serie de buenas prácticas en la administración contractual. Aunque no infalibles, estas acciones constituyen una hoja de ruta eficaz para la prevención y gestión del riesgo contractual:
(i) Diseño riguroso del PDT: Establecer, desde la etapa precontractual, un documento técnico que defina con precisión las actividades, su secuencia, rendimientos, recursos e inversiones. Esto reduce ambigüedades y facilita la trazabilidad de impactos en la ejecución.
(ii) Sistemas de monitoreo y control efectivos: Implementar herramientas digitales y reportes periódicos alineados con los requisitos del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1682 de 2013, para hacer seguimiento al avance real del PDT.
(iii) Documentación probatoria sistemática: Mantener un registro constante y riguroso de desviaciones frente al PDT, con respaldo técnico y jurídico, que permita sustentar eventuales reclamos o solicitudes de reequilibrio económico.
(iv) Evaluación temprana de riesgos litigiosos: Identificar, desde el inicio del contrato, las posibles zonas de ambigüedad o conflicto, y construir escenarios de prevención, negociación o defensa en sede arbitral.
En conclusión, la gestión del PDT, los plazos y los hitos de ejecución no es únicamente una disciplina técnica, sino también una función jurídica estratégica. En un entorno donde el tiempo representa millones de inversión y los retrasos contractuales son sinónimo de litigio costoso, una gestión programática eficiente y proactiva, respaldada por una sólida estrategia legal, actúa como la mejor póliza de seguro ante las controversias más complejas y onerosas.
