Este cambio busca abordar una de las principales barreras estructurales en el mercado laboral: los costos diferenciados entre hombres y mujeres.
Por: Jessica Johanna Archila Julio 
La Sentencia C-517 de 2024 de la Corte Constitucional marca un avance significativo hacia la igualdad laboral en Colombia. Esta decisión amplió el fuero de paternidad, garantizando estabilidad laboral para todos los padres, sin importar si la madre tiene un empleo formal. Este cambio busca abordar una de las principales barreras estructurales en el mercado laboral: los costos diferenciados entre hombres y mujeres.
Uno de los mayores obstáculos para la equidad de género ha sido la percepción de los empleadores sobre los costos asociados con la contratación de mujeres en edad fértil. Las licencias parentales desiguales y los beneficios exclusivos para las madres generaban desventajas, al ser vistas como un riesgo financiero adicional. Esta discriminación se reflejaba en el fuero de estabilidad laboral: las trabajadoras gozaban de estabilidad durante la maternidad, pero los padres solo la obtenían si su pareja no tenía un empleo formal.
Con la Sentencia C-517 de 2024, la Corte Constitucional eliminó esta asimetría, asegurando que el fuero de paternidad se aplique a todos los trabajadores, independientemente de la situación laboral de la madre. Este cambio tiene un impacto directo en la equidad laboral, ya que garantiza estabilidad tanto para padres como para madres en las mismas condiciones, eliminando una barrera clave que obstaculizaba la contratación de mujeres. De esta forma, la medida no solo beneficia a los hombres, al reconocer su rol en la crianza, sino que también ayuda a reducir la brecha de género en el empleo, permitiendo a los empleadores centrarse más en las cualidades y habilidades de los candidatos que en su situación familiar.
Este ajuste normativo tiene un impacto positivo sobre la contratación de mujeres. Al igualar las condiciones laborales entre hombres y mujeres, los empleadores ya no verán a las mujeres como un “riesgo” adicional por los costos de maternidad, lo que reduce la discriminación laboral hacia ellas y promueve un entorno más equitativo y diverso en el mercado laboral.
Desde la perspectiva del empleador, algunos podrían ver la extensión del fuero de paternidad como una carga adicional, ya que esto implica un incremento en los costos laborales por la estabilidad extendida. No obstante, este cambio también presenta oportunidades para mejorar el clima laboral, al promover la corresponsabilidad familiar y permitir un balance entre el trabajo y la vida familiar.
La cuestión, sin embargo, es si esta ampliación era realmente necesaria para promover la equidad. A favor, se encuentra que un entorno que promueva la corresponsabilidad en las responsabilidades familiares puede resultar en una mayor retención de talento y productividad. En contra, se podría argumentar que no existía un déficit real de protección y que la extensión del fuero no tiene un impacto directo en la corresponsabilidad de crianza. Si bien el fuero se extendió a los hombres, aún falta una ampliación efectiva en la licencia de paternidad, que sí tendría un impacto directo en la equidad de responsabilidades familiares, como lo señala la Corte Constitucional.
En conclusión, a partir de ahora, los padres de mujeres gestantes que hayan notificado el embarazo de su pareja estarán protegidos por el fuero de paternidad, sin restricciones y con las mismas condiciones y duración que el fuero de maternidad. De esta manera, la ampliación del fuero de paternidad, a través de la Sentencia C-517 de 2024, constituye un paso fundamental hacia la equidad de género en el ámbito laboral colombiano. Al eliminar las limitaciones previas y garantizar condiciones laborales iguales para padres y madres, la Corte Constitucional ha contribuido a reducir los costos diferenciados en el mercado laboral.
Jessica Archila es asociada de Lloreda Camacho en el área de Derecho Laboral, Seguridad Social y Migratorio. Es abogada graduada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, (UNAB) y cuenta con una especialización en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente, es candidata a Magíster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social en la misma universidad. Cuenta con más de 6 años de experiencia en litigios, consultoría y trámites en las áreas de derecho laboral, seguridad social y migratorio, así como en la gestión de relaciones con clientes internacionales.
