Ante la proximidad de la definición del salario mínimo para el 2025 en Colombia, se espera que el proceso de concertación entre el Gobierno, los gremios y las centrales obreras sea transparente, participativo y constructivo.
Jairo Jaller
de Garrigues
El salario mínimo en América Latina busca asegurar un ingreso que, según la geografía, satisfaga las necesidades básicas y vitales del trabajador. Sin embargo, la forma en que se define su monto varía según la regulación y en función de los contextos económicos, sociales y políticos de cada país.
Al comparar esta dinámica en Perú, México, Chile y Colombia, observamos que, aunque hay similitudes en los actores involucrados en el proceso de fijación del salario mínimo, existen dos enfoques principales diferentes. El primero consiste en establecer un salario mínimo único y aplicable a todo el territorio nacional, independientemente de la región, el sector o la actividad económica; mientras que en el segundo prevalece diferenciar el salario mínimo según las zonas geográficas, los oficios o las ramas de actividad.
Por un lado, en Perú y Colombia se busca garantizar una base económica uniforme para todos los trabajadores en el territorio nacional sin diferencia en el oficio o profesión. En las dos jurisdicciones, el salario mínimo se fija anualmente a través de un proceso de negociación entre el poder ejecutivo, los gremios de empresarios y las centrales sindicales o de trabajadores.
De otro lado, aunque en Chile el salario mínimo es aplicable a todas las industrias y zonas geográficas del país, existe una diferencia en función de la edad, pues se contempla un monto inferior para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años. En este caso, en su fijación participan el presidente, el Congreso, representantes de los trabajadores y gremios empresariales.
En México, en donde el salario mínimo se fija anualmente por una comisión integrada por trabajadores, empleadores y el Gobierno, se divide el territorio nacional en dos áreas geográficas: la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el salario mínimo es más alto dada su cercanía con los Estados Unidos; y el resto del país, donde el salario mínimo es inferior. Además, existe un salario mínimo profesional, que varía según el oficio o sector.
Como se puede observar, cada país busca encontrar el equilibrio adecuado entre las necesidades de los trabajadores, las capacidades de los empleadores y sus condiciones económicas generales. Es importante tener en cuenta que los diferentes enfoques enfrentan sus propios desafíos, como la necesidad de ajustar periódicamente el salario mínimo, combatir la inflación, incrementar la productividad y conciliar las demandas de los trabajadores con la sostenibilidad empresarial sin generar desequilibrios que incrementen la informalidad y el desempleo.
No obstante, en todos los casos se destaca la importancia del diálogo social en la determinación del salario mínimo y la necesidad de adaptarlo a las realidades locales, sin generar brechas salariales ni crear dificultades para la movilidad laboral.
Dicho esto, ante la proximidad de la definición del salario mínimo para el 2025 en Colombia, se espera que el proceso de concertación entre el Gobierno, los gremios y las centrales obreras sea transparente, participativo y constructivo; logrando un incremento justo y razonable, que reconozca el esfuerzo de los trabajadores, pero que también tenga en cuenta la realidad de las empresas y el crecimiento económico del país.
Jairo Jaller es asociado sénior del departamento Laboral de Garrigues en la oficina de Bogotá. Ejerce su actividad profesional desde el año 2014. Esta especializado en las áreas de derecho laboral y seguridad social. Se ocupa de la asesoría a clientes locales e internacionales de diferentes sectores en el manejo de relaciones laborales y litigios laborales. Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y especialista y master en derecho laboral y de la seguridad social de la misma universidad. Ha publicado múltiples artículos sobre derecho laboral colectivo y políticas regulatorias de drogas en Colombia.
