“(…)una empresa en proceso de reorganización podría acogerse a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.2.6.3.24 del Decreto 1072 de 2015 y, así, mientras esté en curso en el proceso de insolvencia, sin perjuicio del acuerdo entre acreedores y deudor, podría exonerarse de contratar aprendices”.
Gabriela Sarmiento Orjuela
Liévano Laserna
El pasado 14 de mayo de 2024, la Superintendencia de Sociedades emitió el auto No. 2024-07-002035 mediante el cual determinó que las empresas que se encuentran en procesos de insolvencia -reorganización empresarial- están exentas de la obligación de contratar aprendices, siendo importante resaltar que, con ese auto, la entidad varió la postura que venía adoptando sobre la materia.
Para dar un contexto, la Superintendencia Regional de Cartagena decretó la apertura del proceso de reorganización empresarial de la sociedad Distribuidora Costanorte Ltda., en virtud del cual esta última solicitó al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA que la exonerara de contratar aprendices, en razón a que la propia reorganización se lo impedía.
Una vez revisada la solicitud de la empresa, el Despacho analizó lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 789 de 2002, el cual ordena la vinculación de aprendices SENA a todas las empresas privadas que cuenten con un número de trabajadores no menor a quince (15). Así mismo, estudió lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.6.3.24 del Decreto 1072 de 2015, el cual indica que las empresas que se acojan al proceso previsto en la Ley 550 de 1990 se encuentran exentas de contratar aprendices.
En virtud de lo anterior, la Entidad remoró los conceptos jurídicos tanto propios como del SENA, evidenciando que existían conceptos contrarios y trayendo a colación, por un lado, el concepto No. 74121 del año 2021 en el cual el SENA sostuvo que las sociedades que se encontraban en trámite de reorganización mantenían la obligación de contratar aprendices, siempre que contaran con quince (15) o más trabajadores, pues lo único que exoneraba a la empresa era tener variación en el número de colaboradores que efectivamente incidiera en la cuota de aprendices.
Igualmente, trajo a colación el concepto No. 220 – 013129 del año 2020 emitido por la misma Superintendencia, en el que señaló dichas empresas no se encontraban exentas de tal obligación, independientemente de que estuvieran en proceso de reorganización.
Sin perjuicio de lo anterior, la Intendencia Regional de Cartagena de la Superintendencia de Sociedades indicó que, con ocasión a la situación financiera que atravesaba la compañía al encontrarse en un proceso de insolvencia, y conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.6.3.24 del Decreto 1072 de 2015, aquella no estaba en la obligación de cumplir la cuota de aprendices, ni de reportar la variación de trabajadores prevista en la Ley 789 de 2002, a pesar de que esa ley no mencionara nada al respecto ni dispusiera textualmente la posibilidad de exoneración.
En consecuencia, y aunado a que los conceptos emitidos por la superintendencia y el SENA no son de obligatorio cumplimiento, se evidencia que en el auto en cuestión esta Entidad adopta una postura distinta a la que tradicionalmente se había mantenido, advirtiendo que una empresa en proceso de reorganización podría acogerse a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.2.6.3.24 del Decreto 1072 de 2015 y, así, mientras esté en curso en el proceso de insolvencia, sin perjuicio del acuerdo entre acreedores y deudor, podría exonerarse de contratar aprendices.
Gabriela Sarmiento Orjuela es Abogada de la Universidad del Rosario, Asesora Laboral Álvarez Liévano Laserna, y Especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana.
