La disrupción en el sistema financiero no se limita únicamente al ámbito del crédito digital.
Lissa Parra Alarcón
La inclusión financiera se mantiene como un objetivo permanente en la política pública colombiana y constituye de manera evidente un pilar fundamental para el desarrollo económico del país. Este propósito ha impulsado modificaciones regulatorias, el desarrollo de tecnologías disruptivas y la implantación de prácticas, en gran medida, centradas en el cliente. En este contexto, tanto los agentes “tradicionales” como los nuevos jugadores del sector fintech son actores clave para acelerar el proceso de inclusión.
Es de destacar cómo varios actores están ofreciendo soluciones de crédito digital a poblaciones y sectores económicos que históricamente han tenido dificultades en el acceso a medios de financiación. No es casualidad que más de un 25% de las empresas fintech colombianas se enfoquen principalmente a actividades de préstamos (en su mayoría con recursos propios)[1].
La disrupción de nuevos participantes en el sistema financiero no se limita únicamente al ámbito del crédito digital. Siguiendo las disposiciones del Decreto 222 de 2020 en relación con la corresponsalía, se ha ampliado el panorama a modelos de Banking as a Service (BaaS). Es así como, lo que anteriormente representaba una restricción para corresponsales físicos, ha evolucionado hacia la posibilidad de crear ecosistemas digitales con la participación de múltiples actores en la oferta de servicios financieros.
También se ha observado el desarrollo de nuevos marcos normativos en relación con la apertura de datos. Tanto el Decreto 1297 de 2022, que aborda el concepto de finanzas abiertas, como el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de 2023), respecto a datos abiertos para la inclusión financiera, reflejan un interés en facilitar el flujo de datos como requisito fundamental para la implantación de soluciones fintech que impulsen la inclusión financiera.
Además de estos incentivos para el flujo de datos, los pagos digitales han adquirido un protagonismo creciente. Aunque el efectivo aún prevalece en la mayor parte del país, se observa una adopción cada vez más generalizada de soluciones digitales. A partir de la expedición del Decreto 1692 de 2020, se ha impulsado la actualización del régimen aplicable al sistema de pagos, abriendo así la puerta a nuevos modelos de negocio, como pasarelas, iniciadores de pago y proveedores de tecnologías, entre muchos otros, que facilitan cada vez más este tipo de soluciones.
En esta línea, en el proceso de facilitar el acceso a los pagos digitales, y bajo la premisa esencial de interoperabilidad, se facultó al Banco de la República para regular el Sistema de Pagos Inmediatos (SPI). Esta iniciativa tiene como objetivo la masificación del uso de los pagos digitales y facilitar el acceso universal a un sistema que promueva la aceptación de las transacciones electrónicas y que aumente la usabilidad de los productos financieros.
La innovación fintech emerge como una herramienta vital para lograr la inclusión financiera. A medida que estas tecnologías avancen y los procesos sean cada vez más eficientes, resultará fundamental que la respuesta regulatoria se alinee con las prácticas de mercado. En este contexto, al igual que en diversas áreas de la economía, la colaboración entre el Gobierno y los participantes del sistema adquiere una importancia aún mayor para maximizar los beneficios y superar los desafíos asociados con la falta de acceso a servicios financieros.
Lissa Parra es Senior Associate de Garrigues. Abogada de la Universidad de los Andes con especialización en Legislación Financiera de la misma universidad, Maestría en Derecho Financiero y de Mercado de Capitales (LL.M) de la Universidad de Georgetown.
