Freno a la reactivación económica: la insolvencia en crisis

La decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la prórroga de estos decretos ha dejado a las empresas colombianas en una posición de vulnerabilidad.

Recientemente la Corte Constitucional emitió el comunicado No. 37 de 2023, mediante el cual anunció la decisión de declarar inexequible el inciso 2º del artículo 96 de la Ley 2277 de 2022, que prorrogaba los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020 mediante la sentencia C-390/2023. Esta decisión plantea un desafío significativo para las empresas colombianas, en un momento crítico en el que requieren apoyo y protección.

Los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, junto con sus decretos reglamentarios, desempeñaron un papel esencial en la protección de las empresas en medio de un complejo contexto económico, marcado por la pandemia de COVID-19. Estas normas introdujeron medidas claves como la reducción en los plazos en los procesos de reorganización empresarial, la flexibilización de restricciones y la oferta de incentivos financieros a los deudores. Además, se implementaron procedimientos extrajudiciales para agilizar los procesos y promover la descongestión de los jueces, así como también mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial, como el salvamento de empresas en situación de liquidación inminente. Estas alternativas tuvieron un impacto significativo en la protección de las empresas y del empleo de las personas que dependían de éstas para su sustento.

La importancia de éstas medidas llevó a la prórroga de la legislación de emergencia hasta diciembre de 2023, por medio del inciso 2º del artículo 96 de la Ley 2277 de 2022. Sin embargo, esta prórroga fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-390/2023. La Corte fundamentó su decisión en el principio de unidad de materia, sosteniendo que esta prórroga no tiene conexión con la reforma tributaria y desestimó la idea de que estas medidas incrementarían el recaudo tributario, argumentando que esto crearía una conexión indiscriminada entre cualquier ley de prosperidad general y las leyes tributarias.

La decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la prórroga de estos decretos ha dejado a las empresas colombianas en una posición de vulnerabilidad. La parálisis total que se ha experimentado desde que se anunció la decisión ha generado una situación crítica para la insolvencia en Colombia, tan es así que la Superintendencia de Sociedades ha dejado de tramitar los procesos en curso, lo que deja a las empresas en una especie de limbo legal y económico.

Con cargo a lo anterior, es imperativo que el legislador tome la iniciativa y promueva una reforma a la ley 1116 de 2006, con el fin de que contemple los beneficiosos mecanismos desarrollados por los Decretos 560 y 772 de 2020, que han demostrado su eficacia en los últimos dos años. La protección de las empresas y la promoción de la reactivación económica son vitales en un momento en el que el país necesita reconstruir su tejido empresarial.

En suma, la ausencia de estas medidas efectivas, por causa de la decisión de la Corte, podría tener graves repercusiones en términos de empleo y estabilidad económica. Es de suma importancia que el legislador reconozca la necesidad de asegurar la continuidad de las empresas y proteger a los trabajadores y empresarios en este contexto desafiante.