«Naciones Unidas ha alertado sobre una intensificación en la tendencia regional y global en cuanto al género de las víctimas en el contexto colombiano», destacando que el 87% de las personas afectadas son mujeres.
Natalia Venegas Arango
Justice
de la Universidad del Rosario
ONG Project Expedite Justice
La trata de personas constituye una flagrante violación de los derechos humanos, reduciendo a las personas a meros objetos, sometiéndolas a la esclavitud y convirtiéndolas en productos dentro de un lucrativo comercio. En Colombia, esta despreciable actividad está en constante aumento, impulsada por las desigualdades socioeconómicas y de género que afectan de manera particular a refugiados y migrantes en situaciones extremadamente vulnerables. Esta preocupante realidad fue subrayada por el Informe sobre la condición y la incidencia de la trata de personas en entornos humanitarios en América del Sur, elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y presentado en julio de 2020.
Desde 2013 hasta julio de 2020, según datos proporcionados por el Ministerio del Interior de Colombia, se han documentado 686 incidentes de explotación de personas. En esta cifra, el 82% de los casos afecta a mujeres, mientras que el 18% restante involucra a hombres. Asimismo, el rango etario predominante de las víctimas abarca los 18 a 30 años, abarcando un 55% de los casos, seguido por personas de 31 a 50 años con un 22% y, por último, se encuentran los niños, niñas y adolescentes con un 12% de los casos.
De acuerdo con la UNODC, durante el año 2022, se registró una disminución del 32% en los casos de trata de personas en América Latina en comparación con el año 2019. Sin embargo, este descenso no puede considerarse como un éxito por parte de los Estados; al contrario, revela una deficiencia en la respuesta hacia este delito. Este cambio en la tendencia se debe a factores que tuvieron un impacto especialmente notable en naciones de ingresos bajos y medianos durante la pandemia.
En estos países, la capacidad institucional para identificar a las víctimas se vio reducida, lo que llevó a que algunas formas de explotación se desplazaran hacia ubicaciones más ocultas y menos susceptibles de detección. La situación en Colombia presenta diferencias con respecto al escenario a nivel mundial. En este país, la mayoría de las víctimas sufren explotación en forma de prostitución y otras variantes de explotación sexual. En contraste, a nivel global, la principal forma de explotación es el trabajo forzado.
En Colombia se creó la ley 985 de 2005 para penalizar la trata de personas. El artículo 3 de la ley indica la definición del delito, modificando el artículo 188ª de la ley 599 del 2000. Este establece lo siguiente “Artículo 188A. Trata de personas. El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación (…)” Por más de que se hayan creado esfuerzos con el fin de prevenir y sancionar estas conductas punibles, ha sido de suma dificultad.
Naciones Unidas ha alertado sobre una intensificación en la tendencia regional y global en cuanto al género de las víctimas en el contexto colombiano», destacando que el 87% de las personas afectadas son mujeres. El informe también registra un aumento en los casos de trata con el propósito de trabajo forzoso, particularmente entre individuos que han experimentado el conflicto. Según el informe, «los grupos armados han identificado en la trata de personas una nueva oportunidad de negocio, capitalizando el control que ejercen en las áreas donde tienen presencia». Esta forma de explotación se manifiesta en regiones con minería ilegal o en zonas involucradas en la producción y procesamiento de coca.
En un escenario marcado por la flagrante violación de los derechos humanos que representa la trata de personas, Colombia enfrenta una alarmante realidad en la que esta despreciable actividad sigue en aumento, exacerbada por desigualdades socioeconómicas y de género. La persistente realidad en Colombia, con sus características particulares y la creciente explotación vinculada a conflictos, exige una cooperación integral a nivel nacional e internacional para poner fin a esta dolorosa vulneración de la dignidad humana.
