(…) si en realidad Gobierno Nacional quiere con este fallo enaltecer el principio de soberanía, debe empezar primero por atender de fondo la crisis que tiene en vilo a la comunidad del archipiélago.
Esteban Jaramillo Giraldo
El reciente fallo en donde la Corte Internacional de Justicia de La Haya denegó las pretensiones de Nicaragua de expandir su plataforma continental sobre el archipiélago de San Andrés es una victoria para Colombia y para el archipiélago, pero en el marco de una de las crisis de conectividad más graves que ha atravesado nuestro paraíso en el Caribe.
En efecto, desde hace unos meses, el contexto económico y social del Archipiélago de San Andrés ha prendido las alarmas por cuenta de una grave crisis en su conectividad aérea, asociada principalmente a los aumentos del precio de la gasolina y al vacío que dejaron las aerolíneas Viva y Ultra, hoy con sus operaciones detenidas.
Así, por estos meses San Andrés ha dejado de recibir casi el 40% de sus vuelos comerciales, reduciendo drásticamente la demanda en turismo, y elevando fuertemente los precios con relación a los vuelos que aún siguen operando, lo que ha significado un encarecimiento de la isla como destino y una limitación seria en términos de movilidad para los residentes y raizales.
Pero entonces, ¿qué papel entra a jugar este reciente fallo de la Haya?
Este pronunciamiento representa un mensaje político contundente para todas las instituciones, tanto del orden local como nacional, quienes están llamadas a darle solución inmediata y eficaz a esta crisis de conectividad aérea. Y es que si en realidad Gobierno Nacional quiere con este fallo enaltecer el principio de soberanía, debe empezar primero por atender de fondo la crisis que tiene en vilo a la comunidad del archipiélago.
Por un lado, desde abril, el Gobierno Nacional anunció su voluntad de declarar al archipiélago como Zona de Frontera y Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo, lo que implicaría un tratamiento diferenciado en las tarifas del combustible y una reducción en diferentes tasas e impuestos, que se traduciría en un incentivo para las aerolíneas y agentes turísticos, en medio de un panorama de inflación y reimposición del IVA para los tiquetes aéreos. No obstante, dichas medidas no se han oficializado.
Por otro lado, desde las autoridades locales y gubernamentales se ha anunciado la intención de mejorar la infraestructura del archipiélago, con el fin de darle una mejor experiencia al turista y devolverle la competitividad al destino. Así, la Gobernación anunció la puesta en marcha de la digitalización de la tarjeta de turismo y la mejora de los servicios turísticos. En tanto, el Ministerio de Transporte, se comprometió a recuperar las instalaciones del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, de nuevo, ninguna de estas medidas ha tenido un resultado tangible.
Finalmente, desde el sector aéreo, diversas aerolíneas se han propuesto a recuperar el vacío que han dejado Viva y Ultra, y aunque las frecuencias hacia San Andrés han ido aumentando, es imprescindible contar con las medidas del Gobierno Nacional para consolidar la recuperación.
Sin duda, San Andrés necesita que el Fallo de La Haya cause eco en las autoridades; el archipiélago necesita que esta victoria en los tribunales internacionales se traduzca en soluciones reales para su comunidad.
Esteban Jaramillo Giraldo es Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana con Especialización en Derecho Comercial de la misma universidad. Abogado Asociado en Del Hierro Abogados en la práctica de Derecho Aeronáutico.
