Tendencias sancionatorias de la ANLA

La gestión corporativa ambiental exige actualmente el cumplimiento de estándares más robustos.

En los últimos dos años hemos evidenciado un mayor seguimiento y control por parte de la ANLA derivado, entre otros factores, del contexto actual en materia de cumplimiento legal ambiental y social. La gestión corporativa ambiental exige actualmente el cumplimiento de estándares más robustos, la implementación y/o fortalecimiento de mecanismos de debida diligencia, el desarrollo e implementación de protocolos de participación e información ambiental y la preparación y puesta en marcha de procesos que aseguren metas y objetivos medibles. El simple cumplimiento normativo no parece ser suficiente considerando, entre otros aspectos, la reciente ratificación del Acuerdo de Escazú, los compromisos del Estado colombiano en materia de cambio climático y protección de la biodiversidad, y los pronunciamientos judiciales que típicamente elevan los estándares de cumplimiento. La consolidación de mejores prácticas empresariales en materia ambiental se constituye como un mecanismo de gestión adecuada y, consecuencialmente, permite prevenir la tendencia sancionatoria de las autoridades ambientales.

En relación con la tendencia sancionatoria de la ANLA, destacamos que más de 350 procesos sancionatorios ambientales fueron iniciados en los últimos dos años, cifra significativa si se compara con el número total de procesos sancionatorios activos a la fecha.

En materia de sanciones derivadas de los procesos sancionatorios destacamos dos aspectos; en primer lugar, la multa sigue siendo la sanción típicamente impuesta, con un particular incremento en su valor bajo escenarios en los que se verifican incumplimientos a instrumentos de control y manejo ambiental. De hecho, el valor de la multa más alta impuesta por la ANLA en los últimos dos años, que alcanza más del millón de dólares, fue impuesta a una persona jurídica por incumplir con las condiciones y obligaciones de su licencia ambiental. En segundo lugar, la ANLA ordenó recientemente, como sanción, la demolición de obras a costa del infractor, la cual puede traducirse en una sanción igualmente onerosa, considerando las características de la obra a demoler y las implicaciones operacionales de cara a la obra demolida.

Sobre la etapa de indagación preliminar, es claro que la ANLA cada vez se enfrenta menos ante la disyuntiva respecto de si existe mérito o no para iniciar el proceso sancionatorio ambiental; solo en el 2% del total de procesos iniciados desde el 2021, se agotó la mencionada etapa de indagación preliminar.

En relación con las medidas preventivas, de los 350 procesos sancionatorios iniciados, la ANLA impuso medidas preventivas en 17; típicamente medidas de suspensión de actividades. Del total, 7 fueron impuestas en el 2021, 9 en 2022, y 1 a marzo de 2023. Los sectores hidrocarburos e infraestructura son los titulares de estas medidas en mayor medida.

Entre otras cifras relevantes, 194 de los 1572 procesos sancionatorios activos están en etapa de formulación de cargos, 600 del total están en etapa probatoria, 37 de 1572 cuentan con resolución que impone sanción, y 18 de 1572 cuentan con resolución que las exonera de responsabilidad ambiental.

Conocer las tendencias sancionatorias de la ANLA y hacer un seguimiento permanente a sus decisiones resulta fundamental para el ejercicio de una gestión ambiental preventiva que permita desarrollar mecanismos de cumplimiento y protocolos de debida diligencia y que, a su vez, permita minimizar los riesgos sancionatorios advertidos.

María Camila Aponte Martínez es Abogada del Área Ambiental de la oficina de Holland & Knight en Bogotá, y enfoca su práctica en derecho público y recursos naturales. Asesora principalmente a empresas de los sectores de energía, petróleo y gas, minería, industria, agroquímica e infraestructura en relación con sus asuntos ambientales. Además, tiene experiencia importante en procesos de consulta previa, audiencias públicas y consultas populares. Ha trabajado en la representación de clientes en procedimientos sancionatorios ambientales y ha prestado asesoría en varios procesos de concesión, modificación y cesión de licencias ambientales.