El objetivo de la propuesta de reforma laboral es ejercer un populismo legislativo.
Juan Miguel Cortés
Asociado Chapman Wilches
El Gobierno Nacional insiste en promover una reforma laboral que, según los estudios, no cumple con sus objetivos: proteger el empleo, incrementar los niveles de productividad y dinamizar la economía. Por el contrario, se plantea un panorama desalentador. La reforma carece de eficacia en la práctica, y su único propósito, tristemente, es ejercer un populismo legislativo al argumentar que se están tomando medidas para proteger a los trabajadores, cuando realmente, no es así.
Y no es así por varias razones:
Primero, el Ministerio de Trabajo ha mencionado que la propuesta no busca generar empleos, sino protegerlos. Sin embargo, no ha podido contradecir técnicamente las proyecciones del Banco de la República, que concuerdan con las de Fedesarrollo, según las cuales, de aprobarse la propuesta de reforma, se perderían cerca de 450.000 empleos formales. Esta cartera y los promotores del proyecto se han limitado a señalar que esto se compensará por el recién sancionado Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, esta afirmación no es cierta por cuanto en este únicamente se señala que el Ministerio del Trabajo deberá expedir una “Política Pública Integral de Trabajo Digno y Decente”, sin indicaciones expresas para la creación de empleo. Entonces, ¿qué empleos se protegerán si se van a destruir?
Segundo, se afirma que con las medidas propuestas se incrementará la productividad, toda vez que, según el Gobierno y sin un sustento, los bajos niveles de productividad se deben a la inestabilidad laboral y baja retribución. Este argumento también es equivocado, por cuanto los estudios demuestran que los bajos niveles de productividad se deben principalmente a un retraso en tecnología y deficiencias en la formación, especialmente en habilidades como idiomas y el dominio de ciencias económicas y humanas. Es decir, se está buscando solucionar un problema sin atender a sus verdaderas causas.
Tercero, afirma el Gobierno Nacional que con la propuesta se mejorarán los ingresos de los trabajadores lo cual aumentará el consumo y dinamizará la economía. Sin embargo, esta afirmación es válida solamente para los 9.3 millones de colombianos que son trabajadores formales. Surge la inquietud: ¿cómo garantizamos la sostenibilidad financiera de las MiPymes que representan más del 98% del sector empresarial en Colombia? La reforma carece de este estudio. Según Fedesarrollo, la reforma laboral tendrá como efecto el incremento en los costos para las MiPymes en un 18,6% aproximadamente, costos que tendrán que cubrir de alguna manera: cerrando operaciones, disminuyéndolas o trasladando los costos a los consumidores. Es decir, que por mejorar los ingresos de una minoría se afectará la sostenibilidad financiera y la capacidad de operar de la mayor parte del sector productivo del país, lo que a la postre generará mayor desempleo y mayores costos para los consumidores. En otras palabras, por beneficiar a una minoría se estará afectando a la mayoría. ¿Es esto lo que realmente garantizará los derechos de los trabajadores?
Entonces, la propuesta de reforma laboral carece de eficacia. No obstante, el Gobierno insiste en su trámite legislativo sin tener en cuenta las múltiples contrapropuestas presentadas por el sector productivo. Propuestas que busquen integrar los derechos de todos los actores del mercado laboral, y no simplemente que obedezcan a un afán por demostrar que se está haciendo un cambio por la gente, cuando realmente no es así.
