El Alto Comisionado visitó Colombia en enero de este año y resaltó el compromiso del gobierno frente a la implementación del acuerdo de paz.
Natalia Venegas Arango
Justice
de la Universidad del Rosario
ONG Project Expedite Justice
El periodo de sesiones ordinarias número 52 del Consejo de Derechos Humanos transcurrió del 27 de febrero al 4 de abril del 2023. Durante las sesiones, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. El Alto Comisionado hizo énfasis en el impacto de la violencia territorial en los derechos humanos, el estado de implementación del Acuerdo de paz en materia de derechos humanos, incluyendo la reforma rural y la justicia transicional, y el espacio cívico. Además, abordó la nueva política de “paz total” y la transición hacia un modelo de seguridad humana.
A su vez, el Alto Comisionado visitó Colombia en enero de este año y resaltó el compromiso del gobierno frente a la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, su Oficina recibió alegaciones de 128 casos de posibles masacres en 2022, de los cuales fueron verificados 92, dos siguen en proceso de verificación y 34 fueron considerados no concluyentes. En las 92 masacres verificadas se registraron 321 víctimas: 270 hombres, 30 mujeres, 14 niños y 7 niñas. Además, 27 víctimas pertenecían a pueblos étnicos: 23 indígenas y 4 afrodescendientes. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. El 27% de las víctimas son jóvenes entre 18 y 28 años. Es importante resaltar que INDEPAZ (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz), ha registrado 33 masacres y 53 asesinatos a líderes sociales en lo corrido del 2023. En este orden de ideas, el Alto Comisionado pidió a Colombia trabajar para reducir la impunidad en el país.
Respecto a la situación de seguridad y derechos humanos, la dominación por parte de los grupos armados ilegales en zonas rurales del país sigue siendo una grave preocupación. Estas organizaciones mantienen una presencia en varios territorios y ejercen control sobre la población, utilizando coerción, intimidación, violencia y amenazas para contrarrestar la oposición al desarrollo de sus actividades. Además de actos de violencia sexual, asesinatos y desapariciones, en varios territorios los grupos extorsionan, controlan o limitan la movilidad de la población y sus actividades productivas. Incluso, en algunos lugares llegan a suplantar las funciones del Estado. La Oficina ha resaltado en múltiples oportunidades que es responsabilidad del Estado, como garante de los derechos humanos, proteger a las poblaciones y ha señalado, a su vez, la preocupación frente a casos de presunta convivencia entre agentes del Estado con grupos armados no estatales.
Además, en 2022, la Oficina conoció 115 casos de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados no estatales (74 niños, 37 niñas, 4 sin información sobre sexo). De estos, 20 habrían sido asesinados (11 niñas y 9 niños) y 12 niñas habrían sufrido violencia sexual. Por otra parte, Datos del Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional indican que 103 miembros de la Fuerza Pública murieron por acciones de organizaciones criminales y grupos armados no estatales en 2022.
La Oficina del Alto Comisionado resaltó la importancia de cambiar la política de seguridad por parte del gobierno a una seguridad humana, la cual debe ser complementaria con la actuación de la fuerza pública. Esta debe buscar la protección de las comunidades en mayor riesgo. A su vez, la política debe incluir la afectación al patrimonio de las organizaciones criminales.
Natalia Venegas Arango es Abogada e internacionalista bilingüe de la Universidad del Rosario, con énfasis en seguridad, paz y conflicto. Con experiencia en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Amplio interés en derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional.
