Desde hace más de 60 años, numerosos gobiernos han buscado -sin éxito- la consolidación del sistema férreo en Colombia ¿Logrará el actual gobierno la tan añorada reactivación de este modo de transporte?
Paula Andrea Gutiérrez
Compliance e Insolvencia, Reestructuración & Liquidación CMS Rodríguez Azuero
Azuero
A propósito de la radicación del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022- 2026, en las últimas semanas han sido publicadas varias noticias haciendo referencia al inicio de la era férrea en Colombia, pues uno de los pilares del PND 2022-2026 es precisamente la reactivación de este modo de transporte. No obstante, esto no es una novedad del actual plan de gobierno.
El auge de los ferrocarriles el Colombia ocurrió en el siglo XIX y su decadencia se dio principalmente por la mala administración de los corredores, las bajas inversiones públicas y la concentración de recursos en la construcción de carreteras, lo que fue apenas natural debido al auge de los vehículos automotores y la consolidación de la demanda en otros modos de transporte.
Desde hace más de 60 años, innumerables gobiernos han buscado –sin éxito– la consolidación del sistema férreo en Colombia, planteando diversas fórmulas, tales como la adjudicación de obras públicas para la recuperación de los corredores, la vinculación de capital privado a través de concesiones y, en la última década, han apostado por el desarrollo de este modo a través de las Asociaciones Público Privadas (APP).
No obstante, a pesar de los esfuerzos en inversión pública, la voluntad política y la financiación de estudios, no se ha logrado a la fecha la consolidación del sistema férreo el Colombia, principalmente por problemas de consolidación de demanda, por la dificultad que supone para este modo de transporte competir con el modo carretero, especialmente en tarifas y tiempos de desplazamiento.
Entonces ¿logrará el actual gobierno la anhelada reactivación del sistema férreo en Colombia?
No todo son malas noticias. En primer lugar, con la expedición del Decreto 1278 de 2021, que reguló las unidades funcionales de vías férreas en proyectos de APP y el Documento Conpes 4047 de 2021, que consagró la política para el manejo de riesgos en proyectos férreos de carga, existe un marco normativo mucho más favorable para la utilización del mecanismo de las APP en proyectos de esta naturaleza. En segundo lugar, actualmente se encuentra en estructuración el corredor la Dorada- Chiriguaná, lo que muestra un avance, al menos teórico, en el camino a recorrer por actual Gobierno.
No obstante, el reto es enorme, porque lo anterior no basta para superar las dificultades enunciadas, pues la inversión pública necesaria para la reactivación del modo férreo es muy significativa –dado el deterioro de los corredores y las características de las trochas, entre otros– y el plan del actual gobierno en infraestructura es muy ambicioso, pues si bien se aumentó el perfil de vigencias futuras –que pasa del 0.6% al 0,8% del PIB– el portafolio de proyectos a desarrollar no solo comprende proyectos de transporte -férreos, carreteros, fluviales y aeroportuarios-sino proyectos de infraestructura social -colegios, universidades y hospitales-.
Por lo anterior, el planteamiento de metas realizables, la priorización en el gasto público, la identificación de corredores estratégicos y el entendimiento de los pros y contras del modo férreo, serán la clave para lograr una reactivación real y sostenible.
Paula es Asociada Sénior para CMS Rodríguez-Azuero en las áreas de Derecho Bancario & Financiero, Contratación Pública, Compliance e Insolvencia, Reestructuración & Liquidación. Es Abogada y Especialista en Contratación Estatal de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes y Magíster en Derecho Público para la Gestión Administrativa de esta misma Universidad. Cuenta con 7 años de experiencia en asesoría a clientes nacionales e internacionales en asuntos relacionados especialmente con derecho administrativo, derecho financiero y contratación estatal.
