Fabián Andrés Díaz Hernández
«Los menores de edad no solo son acreedores de la atención de urgencias, sino que también tienen derecho a acceder a todos los servicios médicos que requieran para garantizar su salud, con independencia de su condición migratoria.»
El éxodo de migrantes y refugiados venezolanos hacia Colombia provocado por la crisis política, económica y social de su país, ha generado controversia sobre el alcance de la atención en salud para esta población y, en especial, para los niños, niñas y adolescentes.
En línea con lo anterior, es importante afirmar que la salud es un derecho fundamental de todos los residentes en el territorio nacional, y el artículo 44 de la Constitución Política establece una cláusula de prevalencia cuando se trata de los niños, niñas y adolescentes, sin distinción alguna.
Frente a esta circunstancia, la Corte Constitucional ha afirmado que la regularización de la condición migratoria no es requisito para la garantía de los derechos fundamentales. En efecto, en la Sentencia T-090 de 2021, se destacó que el Estado y la sociedad deben velar por el bienestar de las personas que se encuentran en condición de debilidad manifiesta, con fundamento en el principio de no discriminación, dándole así una connotación más amplia al derecho fundamental a la salud.
De manera similar, en la Sentencia T-021 de 2021, se puntualizó que existen situaciones donde la cobertura del servicio de salud para la población extranjera debe sobrepasar la atención inicial de urgencias, lo cual adquiere mayor relevancia cuando se trata de niños, niñas y adolescentes cuya condición migratoria no se encuentra regularizada por circunstancias que no son atribuibles a ellos, bien sea por su edad o por la vulnerabilidad derivada de sus afectaciones.
Bajo este contexto, recientemente en la Sentencia T-106 de 2022, se revisó el caso de una menor de edad migrante irregular proveniente de Venezuela que, desde su nacimiento, fue diagnosticada con padecimientos que afectan su movilidad de forma severa, razón por la cual requiere de atención médica especializada. Al respecto, la Corte reiteró los desarrollos jurisprudenciales anteriormente mencionados, y destacó que los menores de edad no solo son acreedores de la atención de urgencias, sino que también tienen derecho a acceder a todos los servicios médicos que requieran para garantizar su salud, con independencia de su condición migratoria o de las circunstancias por las cuales no tienen un estatus migratorio regular.
Así las cosas, el Alto Tribunal Constitucional resolvió tutelar los derechos fundamentales a la salud y a la vida de la menor y, en consecuencia, ordenó realizar un diagnóstico completo de sus enfermedades, así como garantizar la prestación de todos los servicios de salud que los médicos tratantes consideraran necesarios para atender sus padecimientos. Lo anterior, sin perjuicio de conminar a la madre de la menor para que adelante las diligencias pertinentes para regularizar su condición migratoria.
En suma, estos desarrollos jurisprudenciales permiten evidenciar un avance no solo en materia del acceso a la salud de los menores de edad en situación migratoria irregular, sino también en cuanto a la igualdad y la prevalencia de los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio colombiano, en especial cuando se trata de niños, niñas y adolescentes.
