Dubán Arturo Granados Alfonso
“Entre la crisis de convencionalidad y los intentos normativos por el cumplimiento de la Sentencia Petro Urrego Vs. Colombia de la Corte IDH, en Colombia parecer ocurrir un caldo de cultivo complejo de cara a la vigencia del Código General Disciplinario”
Siendo inicios del año 2022, el panorama del procedimiento disciplinario no pareciera ser el más alentador, pues, aunque se han realizado reformas normativas como la Ley 2094 del 2021 que modifica el Código General Disciplinario (Ley 1952 del año 2019) y el Decreto 1656 del 06 de diciembre de 2021 que, inauditamente corrige yerros de redacción y referencia de la 2094. Escenario un tanto complejo, ya que, sin siquiera haber entrado en vigor el Código General Disciplinario, ya ha sufrido de la costumbre legislativa del “reformismo” de la cual no se salva ni nuestra propia Constitución de 1991.
Vale recalcar y reconocer que, el Código General Disciplinario en su redacción inicial tenia finalidades muy loables, como el reconocimiento del principio acusatorio en el procedimiento disciplinario, la predominación de la oralidad, una mejor estructuración del catalogo de faltas disciplinarias, la base para la implementación de justicia premial o negociada en el procedimiento disciplinario y aunque podríamos nombrar algunas más, lamentablemente, careció de una redacción de fondo que contemplara los derroteros de la Corte IDH, siendo entonces la Sentencia Petro Urrego Vs. Colombia, la reafirmación del desconocimiento del contexto convencional. Ahora, a partir de la mencionada sentencia, se ordena a Colombia una reforma de fondo en su sistema de justicia disciplinaria y en las facultades de sus autoridades administrativas, ordenes que, en teoría con las reformas se “cumplieron”.
No obstante, no es el caso pues la Ley que impulso la Procuraduría General de la Nación, no cumple con los parámetros de convencionalidad suficientes del precedente convencional, cuestión, que queda ratificada con la Resolución del 25 de noviembre de 2021 de la Corte IDH, donde nuevamente este organismo de forma categórica en la parte resolutiva número dos, expresa que, el Estado Colombiano no ha cumplido, siendo aún puntos álgidos las sanciones de destitución e inhabilidad de derechos políticos por parte de autoridades administrativas.
Con dicha precisión, es muy válida la pregunta que se realiza en el título del texto, dado que, por 1981 nuestro novel de literatura, entre el mito y la realidad crea una obra de carácter investigativo, narrativo, policial y sin desconocer los parangones de su realismo mágico, nos cuenta la historia de Santiago Nasar, un joven con desparpajo y muy majo, que no tenía la mínima idea que iba a morir cruelmente a mano de los hermanos Vicario, pese a que todos en el Caribe sabían del trágico.
El Estado colombiano, en cambio sí sabía, tenía acceso y también conocimiento del contexto convencional, fue parte y arte en el proceso de ratificación de los convenios internacionales en materia de derechos políticos y regulatorios de garantías procesales, sin embargo, hasta la sentencia Petro Urrego Vs. Colombia y sus órdenes, se puso alarma y a la obra para intentar modificar su ordenamiento jurídico, a pesar de ello, para la Corte IDH, sigue sin cumplir (y menos con 1200 cargos burocráticos). Situación caótica para un texto como el Código General Disciplinario que, tal parece pudiera demorar aún mas para su vigencia y que agoniza entre el reformismo y los ires y venires del Congreso de la República. Ante ello, desde la academia, la administración de justicia y quienes hacen parte del ejercicio y defensa de la autonomía e independencia del Derecho Disciplinario, se debe seguir luchando con unión, propuestas e iniciativas para que no exista similitud entre el trágico desenlace de Santiago Nasar y el resultado del Estado Colombiano en el proceso ante la Corte IDH.
Dubán Arturo Granados Alfonso _Egresado de la Universidad Libre, asesor y asistente legal en temas de Derecho Disciplinario, Administrativo y Administrativo Sancionatorio. Participante en concursos internacionales. Monitor de Semilleros y grupos de investigación.
