Autor: Cristian Sebastian Bermúdez
Desde años atrás, el Congreso de la República, de manera infructuosa, ha intentado por medio de una reforma constitucional, a través de la vía de acto legislativo, prohibir actividades que vayan en contravía de las características propias de la Amazonía colombiana, específicamente la extracción de hidrocarburos.
En 2019, un proyecto de acto legislativo que inició como una propuesta para incentivar algunas actividades de aprovechamiento económico amigables con la ecología del departamento del Amazonas, adicionando el artículo 310 superior, en el camino, se convirtió en una proposición de reforma constitucional para prohibir la extracción de hidrocarburos en 6 departamentos de la Amazonía.
No obstante, para 2020, el debate en la corporación legislativa añadiría un contraproyecto a la anterior propuesta que buscaba fomentar actividades extractivistas de hidrocarburos y minería en la región amazónica según el ideario de los defensores del proyecto inicial, pero que para los ponentes del contraproyecto con este se buscaba mantener el status quo del tema.
Aun así, el álgido debate y la posterior votación de los congresistas permitió que ambas propuestas quedaran sin aval para convertirse en texto constitucional.
El 2021, sería nuevamente el año en el que se daría el escenario del debate de reforma constitucional, pero en esta ocasión el proyecto inicial era contundente, la búsqueda directa de la prohibición de extracción de hidrocarburos en los departamentos que componen la Amazonía colombiana, a saber: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés.
La ponencia presentada inicialmente y en segundo debate daba como razones para prohibir esta actividad que la gran mayoría de los territorios de estos departamentos tenían características ecosistémicas muy importantes, y por lo tanto presentan servicios ambientales necesarios y significativos.
La noticia aquí es el archivo del proyecto por vencimiento de términos, y así el Congreso de la República, o sus mayorías, enseñan la gran falta de compromiso para adoptar medidas necesarias en la protección de la Amazonía o protección ambiental en general, tal cual fuere el caso del Acuerdo de Escazú.
No es desconocido para la opinión pública nacional que el legislativo y el ejecutivo se ufanan de presentar internacionalmente la gran riqueza en biodiversidad de Colombia, además de comprometerse ante entes internacionales dando imagen de verdaderos protectores del ambiente, siendo lo cierto que las políticas públicas internas, las leyes y los intereses particulares parecen primar ante derechos fundamentales como el de un medio ambiente sano.
El compromiso con la protección de la Amazonía debe darse con urgencia y materialmente hablando, no de manera formal, es inminente la hecatombe que se avecina de no tomar medidas para proteger lugares de basta importancia ambiental como la Amazonía, cumbres, como Glasgow, indican esta emergencia y, de manera lamentable, el legislativo colombiano hace la vista gorda, primando una economía extractivista que por obviedad debe enviarse a transición.
Citando a Greta Thunberg los honorables congresistas también son llamados a dejar el bla, bla, bla y tomar verdaderas acciones desde sus competencias legislativas y de reforma constitucional para prevenir el desaparecimiento y destrucción de nuestro medio ambiente.
