Elías Mauricio Monroy Mora
El 8 de octubre de este año 136 países, entre ellos Colombia, han decidido acoger dos pilares, que están dirigidos a reformar la legislación fiscal[1]. Lo anterior, tiene por propósito establecer reglas justas de tributación para las multinacionales, que además de permitir un mayor ingreso a los Estados, contribuirá a mejorar la función de redistribución de la riqueza. En tal sentido, el pilar 1 establece que la reasignación de los derechos impositivos debe beneficiar mayoritariamente a los países en desarrollo, respecto de economías de primer nivel. En complemento, el pilar 2 establece una tasa de tributación corporativa mínima del 15%, por lo que se espera un mayor ingreso fiscal global, generando certidumbre sobre reglas tributarias.[2]
Este logro se enmarca en el Proyecto BEPS de la OCDE y el G-20, que contempla 15 iniciativas de acción para estandarizar la fiscalización, y así promover mayor transparencia en la gestión de los recursos. Algunos de los ejes de acción son: 1) economía digital; 2) mecanismos híbridos; 3) normas sobre empresas extranjeras controladas; 4) deducciones de intereses y 5) prácticas fiscales perniciosas[3].
Según la OCDE, la evasión genera en promedio pérdidas entre el 4% al 10% de los ingresos mundiales, lo que representa -en cálculos conservadores- una pérdida de 100.000 a 240.000 millones de dólares al año[4]. En Colombia, la evasión es cercana al 4% del PIB del País, y el contrabando es superior a los 7.000 millones de dólares anuales[5].
En Colombia existen varios tipos penales que sancionan comportamientos contrarios a las leyes fiscales, tales como: 1) Evasión fiscal[6] ; 2) Omisión de agente retenedor; 3) Omisión de activos o inclusión e pasivos inexistentes[7]; 4) Defraudación o evasión tributaria[8]. Sin embargo, la evasión no ha sido neutralizada. Por ello, la legislación punitiva se ha endurecido[9], como medida de lucha contra los delitos fiscales, considerando el derecho penal como la máxima expresión de castigo.
Sin embargo, como la lucha contra la evasión fiscal requiere medidas transversales, ciertamente el acuerdo logrado en el Proyecto BEPS de la OCDE resulta esencial. En correspondencia, el empresario deberá adecuar su sistema de compliance. Sugerimos que se fortalezcan las pautas de cumplimiento fiscal, a través de controles mediados por tecnologías, actividades de formación y sensibilización al interior de la empresa y con sus grupos de interés. La transparencia e integridad es una responsabilidad de todos.
Elías Mauricio Monroy Mora_ Abogado con profundización en derecho penal (Universidad Santo Tomás). Becario en pregrado por desempeño académico. Distinción de tesis meritoria por el trabajo de grado “delitos financieros y sanción penal”. Especialista en Pedagogía para la Educación Superior. Candidato a Magister en Derecho Penal. Primer puesto en el concurso 2020, promovido por el Comité de Integridad de la Contraloría General de la República (CGR). Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal (ICDP). Miembro del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal de la Auditoría General de la República (AGR). Experiencia en compliance, SARLAFT, extinción de dominio y litigio estratégico.
