“El Decreto 046 de 2024, además desarrollar un régimen más estricto frente a los conflictos de interés, también introdujo beneficios para el actuar discrecional de los administradores”
Sergio Alayón Flórez
El ya famoso Decreto 046 de 2024 (el “Decreto”), lejos de imponer mayores cargas frente a los conflictos de interés, trajo con consigo beneficios para los administradores, respondiendo a las realidades económicas de las sociedades, como entes económicos. Muestra de ello es, (i) la posibilidad que otorga a la asamblea general de accionistas o junta de socios (dependiendo del tipo societario) de otorgar al representante legal una autorización general para la ejecución de actos en conflicto de interés, y (ii) la incorporación (finalmente) de manera formal del business judgment rule, al ordenamiento jurídico colombiano. En este artículo analizaremos estas dos ventajas significativas para el desarrollo ordinario los negocios de las sociedades en el país.
Autorización General:
El Decreto abrió la puerta al máximo órgano social de las sociedades tuviera la posibilidad otorgar una autorización general al administrador para la celebración de operaciones recurrentes y del giro ordinario de lo negocios de la sociedad, que puedan enmarcarse en los supuestos del conflicto de interés. Frente a esta autorización habría que hacer varias precisiones, (i) se debe señalar con total claridad la naturaleza y los actos que se encuentran enmarcados en la autorización, y (ii) la autorización general, no exime de responsabilidad a los administradores si los actos fueron celebrados en contra de los mejores intereses de la sociedad, aún cuando los mismos hayan sido aprobados por el órgano de administración. Adicionalmente, para aquellos administradores que les sea otorgada una autorización general, el Decreto impone la obligación de llevar un registro fidedigno de las operaciones celebradas bajo la autorización y de presentar a los asociados en la siguiente reunión ordinaria, el registro de las operaciones.
Business Judgment Rule
Por otro lado, el Decreto incorporó al ordenamiento positivo la Regla de Discrecionalidad Empresarial (Business Judment Rule, en inglés) desarrollada principalmente en el derecho anglosajón, bajo la cual se presume que el administrador de buena fe y en uso de su criterio profesional, tomó la decisión que, a su juicio, beneficiaba más a la sociedad, sin perjuicio del resultado que se haya obtenido. La incorporación de esta presunción responde a la realidad de los negocios, donde los administradores actuando con la diligencia de un buen hombre de negocios, tienen que tomar decisiones permanentes, que por infinidad de factores externos pueden conllevar resultados negativos. Así las cosas, la responsabilidad del admisnitrador se analizará desde el ejercicio ex – ante a la toma de decisión y no si la misma tuvo un resultado positivo o negativo para la sociedad.
Conclusión
El Decreto 046 de 2024, además de desarrollar un régimen más estricto frente a los conflictos de interés, también introdujo beneficios para el actuar discrecional de los administradores, como lo son la autorización general y la Regla de Discrecionalidad Empresarial, dos figuras que responden directamente a las realidades comerciales en las que se desenvuelven las sociedades diariamente.
Finalmente, para los administradores: los conflictos de interés no son, perse, ilegales o “malos”, sino que al identificarlos, se deben ejecutar las acciones necesarias para su revelación.
