¿Es novedoso el proyecto de Inversiones Forzosas del actual Gobierno?
Camila Posada Boada
y Cumplimiento.
Durante las marchas del pasado primero de mayo, que contaron con el respaldo del Gobierno Nacional, el presidente Gustavo Petro anunció su intención de presentar al Congreso de la República proyectos de ley que reformen el sector financiero. Estos cambios están orientados a impulsar la reactivación económica a través de inversiones forzosas por parte del sistema financiero privado colombiano en los sectores de industria, agricultura y turismo.
Pero ¿qué significan realmente estas «inversiones forzosas»? Este término se refiere a una política económica en la que los gobiernos buscan estimular la inversión en áreas específicas mediante la asignación obligatoria de recursos de ciertas entidades en proyectos determinados por el gobierno.
Este enfoque no es nuevo en Colombia. Desde la década de los cincuenta, y con la intervención del Estado en la economía con el objetivo de que el sector financiero asignara ciertos recursos en sectores que lo requerían, el Gobierno dirigía el crédito a través de entidades bancarias públicas e intervenidas, mediante inversiones forzosas.
Bajo este esquema, un porcentaje de los recursos de estas entidades se invertía en títulos emitidos por entidades públicas, a tasas inferiores a las del mercado, para financiar subsidios, líneas de fomento y actividades específicas. Hasta finales de los ochenta, el Gobierno aplicaba diversas inversiones forzosas en el sector financiero para distribuir créditos y subsidios en grupos y proyectos particulares.
La propuesta de Petro implica que el Gobierno presentará proyectos de ley para implementar inversiones forzosas en el sistema financiero, destinando créditos a empresas de todos los tamaños en los sectores de industria, agricultura y turismo. El objetivo es reactivar la economía y permitir que parte de estos recursos lleguen a sectores populares.
Sin embargo, esta propuesta ha generado críticas y dudas entre expertos de los sectores involucrados. Por un lado, no es una idea nueva. El sector agrícola, por ejemplo, tiene un esquema de inversiones forzosas desde hace más de dos décadas a través de los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA). Estas inversiones representan una gran parte de los créditos al sector y generan alrededor de 20 billones de pesos al año y representan el 84% de los créditos del sector.
Por otro lado, las inversiones forzosas podrían imponer restricciones al sector productivo y financiero, limitando el acceso al crédito para micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Esto podría tener el efecto contrario al esperado por el Gobierno en términos de reactivación económica.
En lugar de centrarse en inversiones forzosas, la reactivación económica podría lograrse mediante la colaboración real entre el Gobierno Nacional y el sector financiero. Esto implicaría desarrollar proyectos y leyes dentro de un marco de certeza jurídica que fomente la productividad y la competitividad de las empresas, promoviendo la libertad económica y la iniciativa privada, en consideración a la realidad actual nacional.
