Estructurar adecuadamente la cadena de valor e identificar puntos cruciales.
Leidy Natalia Rojas Garcia
Rodríguez & Asociados
Las startups enfrentan una serie de desafíos en el desarrollo de sus actividades, y uno de los que requiere especial atención es el cumplimiento en materia fiscal. Esto adquiere ciertos matices cuando las operaciones se desarrollan en diferentes jurisdicciones y entre empresas relacionadas.
La digitalización de la economía y las exigencias del plan BEPS implican que las startups deben prestar mayor atención a los deberes sustanciales y formales del régimen de precios de transferencia. Comenzando por comprender la estructura de capital, las necesidades de financiamiento, políticas de gestión intragrupo y caracterización funcional.
Uno de los requisitos en la documentación de precios de transferencia y que puede ser útil para las empresas en etapa temprana, consiste en describir los impulsores que generan utilidad en el negocio. En este sentido, es fundamental contar con un adecuado análisis funcional, que de acuerdo con el párrafo 6.12 de los lineamientos de la OCDE para precios de transferencia, debe involucrar los activos intangibles, identificando las funciones asociadas, contribución a la creación de valor y los riesgos específicos asumidos en relación con el desarrollo, la mejora, el mantenimiento, la protección y la explotación. Detallar estas funciones y entidades responsables, proporciona una orientación clave para la remuneración de la propiedad y uso de este tipo de activos.
Resulta beneficioso construir de forma contemporánea la documentación soporte de las transacciones, la cual puede servir de sustento para requisitos de deducibilidad en el caso de las operaciones de egreso.
Debido a la naturaleza de estas entidades, las funciones de personal directivo a menudo se distribuyen en varias jurisdicciones. Estas funciones pueden ser fundamentales en la creación de propiedad intelectual, por lo que es necesario contar con instrumentos como los acuerdos de costos compartidos, donde se establecen objetivos comunes, remuneración, aportes, riesgos y los beneficios esperados por parte de los participantes.
Es comprensible que, debido a las inversiones significativas y la entrada al mercado, las startups asuman pérdidas. Como lo ha señalado la OCDE en sus lineamientos, en el párrafo 1.149, hay circunstancias que explican los resultados negativos, como las estrategias de entrada, curvas de aprendizaje e inversiones significativas, dichas circunstancias deben contar con documentación concreta y medición de impactos.
Dentro de las actividades para una debida diligencia en la materia se sugieren:
1. Estructurar adecuadamente la cadena de valor e identificar puntos cruciales.
2. Evaluar necesidades de inversión y viabilidad de financiación intragrupo.
3. Identificar los activos intangibles, registro del desarrollo y responsables.
4. Elaborar proyecciones, presupuestos y planes de inversión.
5. Determinar las funciones clave, localización y remuneración.
6. Compilar y elaborar la documentación de soporte de las operaciones intragrupo.
En conclusión, el cumplimiento en materia de precios de transferencia constituye un reto para la gestión de las startups. No obstante, el proceso, las actividades, documentación y cumplimiento pueden ser una herramienta para una adecuada planificación y monitoreo de los objetivos organizacionales.
Leidy Natalia Rojas Garcia es Asociada Sénior de Jiménez Higuita Rodríguez & Asociados y lidera la práctica de Precios de Transferencia y Consultoría Financiera. Cuenta con más de 16 años de experiencia en precios de transferencia, liderando proyectos para empresas nacionales y grupos regionales de diferentes sectores económicos, especialmente textiles, de hidrocarburos e infraestructura. Antes de su ingreso a la Firma, trabajó en diferentes firmas multinacionales liderando proyectos de planeación tributaria y valoraciones financieras. Ha participado como capacitadora de precios de transferencia en seminarios organizados por diferentes instituciones colombianas como el Instituto Nacional de Contadores Públicos -INCP, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario -ICDT y Legis.
