Con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022, el Gobierno dejó clara su apuesta al desarrollo y progreso de la población juvenil y los micro, pequeños y medianos empresarios en los sectores privado y público, como herramienta para luchar contra los índices de pobreza, desempleo y desigualdad socioeconómica y promover el crecimiento económico nacional.
Para ello, tuvo en cuenta uno de los grandes retos de los comerciantes, consistente en la adopción de los diferentes mecanismos de protección de sus negocios, incluyendo los activos intangibles, categoría en la que se comprenden marcas, patentes, modelos de utilidad, nombres comerciales, buen nombre, entre otros. Con tales fines, dentro de su hoja de ruta, el Gobierno ha incluido diferentes propuestas que incorporan ciertas facilidades, medidas de participación y/o soluciones económicas al referido grupo.
Una de las herramientas, fue el Programa “Sácale jugo a tu patente” -cuya convocatoria cerró el 29 de octubre de 2021- promovido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCIENCIAS), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), con el fin de facilitar la explotación, comercialización, transferencia y gestión comercial de invenciones que se encuentren registradas o en trámite de registro, mediante una financiación que es justamente más beneficiosa para el grupo de inventores, personas naturales y micros y pequeñas empresas.
Asimismo, se han propuesto reducciones a las tasas legales o impuestos que cobran las diferentes entidades competentes, para que los emprendedores no duden en proteger sus invenciones, creaciones y obras. Ejemplo de ello, a partir del próximo 1 de enero del 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgará unas tasas especiales a todos los jóvenes emprendedores que tengan entre 18 y 28 años, independientemente de su nacionalidad, para que soliciten ante dicha entidad el registro de sus diferentes signos distintivos.
Para gozar de dicho beneficio, basta con que los interesados presenten constancia de su documento de identificación como prueba de su edad y que, en el momento de presentar la solicitud de la marca, realicen el pago aplicable a su caso. El monto corresponderá a la suma de COP $69.000 por cada clase, lo cual indica que lo que antes costaba $698.560 en una sola clase, tendrá ahora un valor de $69.000, y cada clase adicional ya no costará $349.030, sino también $69.000. Para tales efectos, se informa que la clase corresponde a aquel grupo de productos o servicios clasificados por la Clasificación Internacional de Niza en la que el solicitante de una marca esté interesado en registrarla, en virtud de aquello que pretenda identificar bajo el signo a solicitarse.
Con todo lo anterior y sin ánimo de plantear alguna posición política, existe un avance plausible acorde con la afirmación del presidente Duque de querer ver a Colombia “posicionada en la Cuarta Revolución Industrial, que quiere tener más cultura de emprendimiento de las zonas rurales” – a pesar de que las cifras estimadas aún no han sido alcanzadas y eventualmente no se lograrán-.
Catalina Chaparro Casas_Abogada de la Universidad Externado de Colombia con LLM en International Business Law del IE Law School de Madrid con énfasis en Administración de Empresas (traduce Máster en Derecho Trasnacional de los Negocios) y actualmente trabaja en los departamentos de derecho de la empresa y de propiedad intelectual de la firma G Herrera & Asociados Abogados. Participó en la Competencia de Arbitraje Internacional de Inversión de American University y se desempeñó como abogada de contratos y procesos en una empresa privada del sector hidrocarburos, por lo que tiene amplia experiencia en negociaciones y estructuración de proyectos de gran escala, relación entre socios e inversionistas y procesos arbitrales en materia comercial.
