Internet como derecho fundamental: así es el proyecto «Internet Solidario»
Alejandra Vásquez Vélez
Azuero_Abogada de la Universidad Javeriana
Abogada Universidad Javeriana
El Congreso estudiará un nuevo proyecto de ley radicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (“MinTIC”) que busca transformar la forma en que concebimos el acceso a internet en Colombia. Bajo el nombre “Internet Solidario”, la iniciativa propone elevar el acceso a internet a la categoría de derecho fundamental, reconocer el internet fijo como servicio público esencial y crear un sistema de subsidios para garantizar que los hogares vulnerables puedan acceder a este servicio.
¿Qué cambiaría?
Se reconocería expresamente el acceso a internet como un derecho autónomo e irrenunciable. Esto implica que el Estado no solo debe abstenerse de restringirlo arbitrariamente, sino también tomar medidas activas para garantizarlo. Este busca reconocer la conectividad como una herramienta indispensable para ejercer otros derechos como la educación, el trabajo, la participación política o la libertad de expresión.
El proyecto declararía el internet fijo residencial como un servicio público esencial, equiparándolo a otros como el agua o la energía. Esta medida habilitaría al Estado a intervenir en su regulación tarifaria y en la garantía de continuidad y calidad del servicio, cerrando así la brecha digital que hoy separa a zonas urbanas y rurales.
Planes especiales, subsidios y más control
Uno de los cambios más visibles está en la creación de planes de internet asequibles para los hogares de menores ingresos. Los operadores deberían empezar a ofrecer tarifas diferenciales para usuarios del estrato 1, quienes además contarán con un subsidio de solidaridad digital. Este beneficio cubriría hasta un 55% del costo del servicio, reduciendo la carga económica que hoy representa para estos usuarios.
La financiación de este esquema se apoyará en el principio de solidaridad: los hogares de estratos 5 y 6, así como las medianas y grandes empresas, pagarían un recargo del 30 % sobre su factura de internet.
El proyecto también robustecería las funciones del MinTIC y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
¿Y la gobernanza multilateral y participativa?
Uno de los pilares del proyecto de ley “Internet Solidario” es la gobernanza multilateral y participativa. Según el texto, el acceso a internet debe gestionarse bajo un modelo de múltiples partes interesadas: Estado, sector privado, sociedad civil, academia y comunidad técnica, todos con voz en la definición de reglas y políticas digitales. Este enfoque responde a estándares internacionales que destacan la importancia de una gobernanza abierta, plural e inclusiva para garantizar la legitimidad y sostenibilidad de las decisiones sobre conectividad.
Sin embargo, la radicación del proyecto parece contradecir ese espíritu. El trámite legislativo se ha desarrollado bajo un modelo liderado por el Ejecutivo a través del MinTIC, aparentemente sin evidencias de un proceso de construcción normativa con los actores que el mismo proyecto menciona. Esta ausencia de un diálogo multilateral no es un detalle menor. La legitimidad de un proyecto que busca elevar el acceso a internet a la categoría de derecho fundamental debería provenir, precisamente, de una discusión abierta con quienes representan la diversidad de intereses en juego.
Alejandra Vásquez Vélez es Asociada Intermedia – Tecnología, Medios y Comunicaciones de CMS Rodríguez – Azuero. Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en derecho comercial internacional y derecho de daños, con más de cuatro años de experiencia asesorando a compañías nacionales e internacionales en temas relacionados con protección de datos personales, publicidad, comercio electrónico, política pública en innovación y tecnología, y libertad de expresión. Es especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana.
