Resulta fundamental que dicha regulación contemple elementos clave como la supervisión efectiva, cuya función adquiere relevancia ante los riesgos propios de este entorno.
Por: María José Salas Díaz 
Con el propósito de promover la adopción de la tecnología blockchain y crear un marco legal para los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), en el mes de febrero de 2025 fue presentada la iniciativa legislativa PL510 ante el Congreso de la República destinada a regular la industria de criptoactivos en Colombia. Esta iniciativa surge como respuesta al creciente uso de estos activos en el país.
En términos generales, el proyecto establece reglas para la actuación de los PSAV en Colombia, como inscribirse en un registro público administrado por la Superintendencia de Sociedades e implementar políticas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, entre otros aspectos que buscan promover un ambiente más seguro y confiable para los usuarios.
Ahora bien, a pesar de tratarse de una regulación necesaria, es fundamental complementarla mediante precisiones jurídicas que garanticen su eficacia. Uno de los desafíos más significativos radica en la definición legal de las criptomonedas. Si bien es cierto que la definición propuesta se ajusta a estándares internacionales, al describir los activos digitales como una “representación virtual de un valor o derecho”, el tener una definición con un alcance tan amplio podría suscitar incertidumbres en relación con su clasificación legal, especialmente si se considera que algunos activos podrían ser tratados como valores, lo que podría ocasionar conflictos regulatorios y generar incertidumbre jurídica en relación con la normativa aplicable.
En este contexto es importante considerar las directrices de la Regulación de los Mercados de Criptoactivos MiCA de la Unión Europea, la cual divide los criptoactivos en tres categorías distintas: tokens respaldados por activos financieros, tokens de dinero electrónico y otros tipos de criptoactivos. Esta clasificación ha permitido definir con mayor precisión las normas aplicables a cada tipo de activo y, por lo tanto, una supervisión eficaz. Implementar una estrategia similar en Colombia no solo podría contribuir a eliminar zonas grises en la regulación, sino que también brindaría mayor certidumbre jurídica para todos los participantes.
Adicionalmente, la regulación sobre activos digitales debe evitar convertirse en un obstáculo para los nuevos participantes. Por ejemplo, aunque es indispensable establecer requisitos mínimos en relación con la transparencia, protección al usuario y gestión del riesgo, dichos requisitos podrían ajustarse de acuerdo con el tamaño, modelo de negocio y nivel de riesgo particular del PSAV. De lo contrario, existe el riesgo de que la innovación se vea limitada.
En conclusión, se requiere de un marco regulatorio que combine rigor jurídico con apertura a la innovación, puesto que el proyecto actualmente en discusión podría no abordar adecuadamente los desafíos estructurales del ecosistema ni define con claridad qué se permite y qué no. Convendría buscar una regulación más ambiciosa, que articule los sistemas financiero y cambiario tradicionales con los nuevos modelos creados a partir del uso de activos virtuales. Además, resulta fundamental que dicha regulación contemple elementos clave como la supervisión efectiva, cuya función adquiere especial relevancia ante los riesgos propios de este entorno.
