La IA puede ser utilizada como una herramienta de apoyo, pero no debe sustituir el análisis crítico ni el juicio humano.
Lina Marcela Moreno Mora
Litigación y Arbitraje de Garrigues
La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una herramienta con el potencial de optimizar los procesos judiciales, mejorar el acceso a la justicia, incrementar la transparencia y agilizar la gestión documental. Sin embargo, su aplicación en el ámbito judicial plantea retos significativos, especialmente en lo concerniente a la seguridad jurídica, la protección de datos y la supervisión humana en la toma de decisiones.
En febrero de 2023, la primera audiencia en el metaverso en Colombia, adelantada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, despertó curiosidad y generó cuestionamientos sobre la utilidad de herramientas tecnológicas en el trámite de procesos judiciales. A pesar del interés que suscitó, el impacto real de esa herramienta en la agilización de un proceso sigue siendo debatible.
En 2024, el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia generó un debate jurídico que fue conocido por la Corte Constitucional quien profirió la sentencia T-323 de 2024. La Corte evaluó el actuar de un juez que utilizó ChatGPT 3.5 como apoyo parcial en la fundamentación de una sentencia. La Corte determinó que no se vulneró el derecho al debido proceso, dado que la decisión se sustentó en métodos jurídicos tradicionales y la IA solo complementó la argumentación. Sin embargo, enfatizó la importancia de garantizar los principios de transparencia, responsabilidad y privacidad en el uso de estas tecnologías. Además, exhortó al Consejo Superior de la Judicatura a establecer lineamientos regulatorios para su aplicación, priorizando la protección de derechos fundamentales.
En respuesta, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el 16 de diciembre de 2024 el Acuerdo PCSJA24-12243, que regula el uso de la IA en la Rama Judicial. Este acuerdo establece que la IA podrá emplearse en tareas como la clasificación de jurisprudencia, la asistencia en la redacción de documentos administrativos y la automatización de procesos de gestión. No obstante, prohíbe su uso para la valoración de pruebas, la interpretación de normas y la emisión de decisiones judiciales, preservando la racionalidad humana en el ejercicio de la justicia.
El marco regulatorio se sustenta en varios principios que incluyen: (i) la primacía de los derechos fundamentales, (ii) la supervisión y control por parte de los funcionarios judiciales, (iii) la protección de datos personales y privacidad, y (iv) la prevención de sesgos y discriminación. Además, categoriza los usos de la IA en tres niveles: usos permitidos para la gestión administrativa y documental, usos sujetos a revisión humana rigurosa y usos con alta supervisión y transparencia.
Una de las preguntas clave que surge en este contexto es: ¿puede la inteligencia artificial reemplazar el criterio humano en la toma de decisiones judiciales? La respuesta del marco normativo es clara: no. La IA puede ser utilizada como una herramienta de apoyo, pero no debe sustituir el análisis crítico ni el juicio humano. El acuerdo establece límites estrictos para evitar que la IA reemplace la racionalidad judicial. Se prohíbe su uso en la interpretación de normas, la motivación de decisiones sin verificación humana y la evaluación de pruebas. Asimismo, restringe el ingreso de datos personales en herramientas que puedan apropiarse de la información para reentrenar modelos.
Este acuerdo no solo busca reglamentar el uso de IA en la justicia colombiana, sino que también posiciona al país dentro del debate global sobre la regulación de tecnologías emergentes. La colaboración con organismos internacionales como la UNESCO permitirá incorporar estándares globales y garantizar un uso alineado con principios de derechos humanos.
Si bien esta regulación marca un hito en la transformación digital del sistema judicial colombiano, su eficacia dependerá de la implementación efectiva y de la capacidad de adaptación del sistema judicial a la creciente demanda de una justicia más ágil y eficiente.
Lina Moreno es asociada sénior de la práctica de Litigación y Arbitraje de Garrigues, despacho en el que ejerce su actividad profesional desde el año 2022.
Está especializada en las áreas de seguros, derecho procesal y derecho administrativo. Cuenta con una amplia experiencia en procesos de responsabilidad civil tanto contractual como extracontractual. Se ocupa tanto del manejo de procesos como del asesoramiento pre-litigioso en material contractual. seguros y reaseguros. Antes de trabajar en Garrigues se desempeño como abogada del área de litigios de otras firmas y en la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Es abogada de la Universidad del Rosario y Especialista en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana.
