(…) Su rol exige un equilibrio entre la defensa de su cliente y el respeto a los valores fundamentales de la justicia.
Andrés Felipe Padilla Isaza
El litigante ocupa un papel fundamental en la administración de justicia. Su labor no se limita a representar a su cliente, sino que también implica un compromiso con la verdad, el debido proceso y la justicia. Sin embargo, en la práctica, muchos litigantes cruzan los límites de la ética profesional, adoptando conductas que afectan la legitimidad del sistema judicial y erosionan la confianza pública en la abogacía.
Uno de los principales problemas es el uso deliberado de estrategias desleales para ganar tiempo o buscar ventajas indebidas en los procesos judiciales. La presentación de demandas temerarias, recursos manifiestamente infundados o la manipulación de incidentes procesales se han convertido en tácticas comunes de algunos. Estas prácticas, además de desbordar la ética profesional, sobrecargan a los despachos y retrasan la solución de controversias, perjudicando a las partes involucradas.
La falta de lealtad procesal es de las conductas más frecuentes. Algunos no dudan en alterar pruebas, inducir a testigos a mentir o presentar argumentos alejados de la verdad, con tal de favorecer a sus clientes. Aunque estas acciones puedan ser percibidas como parte de una “estrategia agresiva”, realmente comprometen la integridad del proceso y pueden llevar a decisiones injustas.
Asimismo, la relación con el cliente muchas veces se convierte en un terreno propicio para estos comportamientos. Algunos litigantes inflan artificialmente las expectativas de sus representados, prometiéndoles resultados que saben inalcanzables, solo para asegurar su contratación. En otros casos, omiten advertir los riesgos reales de una estrategia jurídica o fomentan litigios innecesarios, priorizando sus propios intereses económicos sobre las necesidades del cliente. Esta instrumentalización de la abogacía no solo es una traición al cliente, sino también un ataque al sistema judicial.
La falta de respeto hacia los derechos de la contraparte también es alarmante. Los ataques personales, la difamación de los colegas y la utilización de tácticas intimidantes son conductas que lamentablemente persisten en los procesos. Peor aún, existen casos en que los litigantes buscan influir de manera indebida en la decisión judicial mediante intentos de corrupción o utilizando su posición de poder para presionar al juez.
En el ámbito de la digitalización, la ética enfrenta nuevos desafíos. El uso de pruebas digitales obtenidas sin el consentimiento de las partes, la difusión de información procesal en redes sociales y la manipulación de evidencias tecnológicas son prácticas que amenazan con desdibujar los límites entre lo legal y lo ético.
Para contrarrestar estas problemáticas, es necesario fortalecer la formación ética de los abogados desde su etapa académica y exigir un mayor control por parte de los colegios profesionales. La sanción efectiva de las conductas que violen la ética profesional debe ser una prioridad para proteger la integridad del sistema.
El abogado litigante no puede concebir su labor como un juego donde “el fin justifica los medios”. Su rol exige un equilibrio entre la defensa de su cliente y el respeto a los valores fundamentales de la justicia. Solo así podrá contribuir a un sistema judicial eficiente, transparente y digno de confianza.
